Operativo legislativo antialcohol

El pasado 24 de Septiembre de 2014, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma de ley, con carácter de urgente. A tan sólo escasas 3 semanas fue aprobada por el Congreso del Estado y en fecha de 29 de Octubre de 2014 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado [1].

Esencialmente esta reforma cancela los beneficios que tenían los automovilistas ebrios, que ahora deberán purgar su condena con la pena de prisión de la libertad. Antes de la reforma, el sistema penal permitía que alguien que causara la muerte por conducir en estado de intoxicación librara la cárcel si garantizaba la reparación del daño.

La iniciativa proponía en su versión original cambiar los siguientes artículos: del Código Penal para el Estado de Nuevo León, el artículo 66 bis [2]; y del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, el artículo 409 [3] (que sería una homologación con su correspondiente sustantivo).

La iniciativa, estudiada, aprobada y turnada con gran celeridad, fue publicada en términos no tan extensos como lo proponía el Gobernador y, en línea de principio, se respetó su idea original:

Art. 66 bis.- […]

El imputado que sea condenado por homicidio culposo grave, no tendrá derecho a la condena condicional o la substitución de sanción. Adicionalmente se impondrá en los términos del artículo 52 fracción II de este Código [4], la suspensión del derecho a conducir vehículos automotores hasta por un término igual al de la pena privativa de la libertad.

Art. 67.- Para los efectos de los artículos 65, 66 y 66 bis, también será culpa grave conducir en estado de voluntaria intoxicación.

La disposición penal abarca un supuesto irrazonablemente amplio: el homicida [5] culposo [6] grave. Sin embargo, no todos los que caen en el supuesto de ser homicidas culposos grave lo son por culpa del alcohol. Aunque la iniciativa sí distingue y está pensada en los conductores ebrios, tal distinción no aparece en el Código reformado. Existen otras herramientas (V.gr. las calificativas) que hubieran permitido legislar sobre la misma cuestión con mayor precisión.

A la iniciativa del Ejecutivo se unió la presentada por el Diputado Fernando Elizondo Ortiz, que proponía inclusive tipificar el delito de conducir en estado de ebriedad cuando la conducta fuere reiterada, visión muy poco jurídica desde el punto de vista de la doctrina penal pero que cristaliza un punto apremiante: la necesidad de la autoridad de prevenir antes que de sancionar.

Por lo demás, dentro de las novedades del paquete de reformas que finalmente fue publicado, traducción de las propuestas del Ejecutivo y del diputado panista, están las introducidas por las reformas a la Ley de Licencias de Conducir [7] para el Estado de Nuevo León; por ejemplo, quienes están aprendiendo a conducir ahora “gozarán de un videoclip” que les informe de las consecuencias de conducir en estado de ebriedad (artículo 14). Por otro lado, la multa por conducir en estado de intoxicación (artículo 20 bis de la Ley de Licencias de Conducir) será de 50 a 200 cuotas, además de un tratamiento de rehabilitación antialcoholismo, suspensión de la licencia de conducir y arresto administrativo. Y según la reiteración de la conducta, la multa puede ascender hasta las 600 cuotas.

En la Ley Antilacohol [8], por su parte, se agrega un capítulo dedicado al procedimiento para la suspensión o cancelación de la licencia de conducir. Por lo anterior, a los conductores que caigan en las infracciones antes mencionadas se les retendrá inmediatamente su licencia [9].

La medida legislativa –al menos aquella introducida en el Código Penal– plantea la cuestión de si no se tratará de una violación al principio de progresividad contemplado en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna. Este principio implica que los Estados deben dedicar sus esfuerzos a una mejora continuada, con la mayor rapidez y eficacia posible, de las condiciones de existencia de las personas. Además, en su modalidad de no regresión, genera una prohibición para el Estado, a fin de que no se dé marcha atrás en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos que les asisten. En el caso atinente, la supresión de la oportunidad de “escapar de la cárcel”, que el homicida culposo grave poseía antes de la reforma, a cambio de una garantía pecuniaria que garantice la reparación del daño, ¿no será una medida regresiva que contraviene un derecho tan fundamental cual es la libertad?

A este respecto, existen ya criterios por parte de nuestros órganos jurisdiccionales que ayudan al análisis del principio de progresividad y no regresión:

[D]icho principio no impide que se emitan medidas legislativas, que si bien [generan] una disminución en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos humanos, estén constitucionalmente justificadas, en virtud de que los citados derechos no son, por regla general, absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales. Por ese motivo, para determinar si una norma general conlleva una disminución al grado de tutela, y respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, es necesario verificar si tiene como fin incrementar el grado de protección de un derecho humano. [10]

Los derechos humanos no son absolutos. La “aparente regresión” en el derecho a la libertad y que hemos colocamos sobre la mesa de discusión bien podría estar justificada –o no–. Pero hemos de criticar que este intento de control del alcohol, más que responder a una estratégica acción del Estado, obedece antes bien a móviles políticos, ante una presión social que se indigna ante lo fácil que le resulta a la clase pudiente dar una cuantiosa garantía para no llegar a la privación de su libertad.

No dudamos de la vocación pedagógica del Derecho, es decir, su llamada a modificar la sociedad para un mayor bien. No dudamos que la regulación del alcohol y el no dejar en la impunidad a las personas que sufren sus consecuencias sean una prerrogativa de nuestro Estado. Con todo, dudamos de la efectividad de este paquete de reformas, efectividad que –al menos inicialmente– se presentaba fundada en el miedo a la sanción sin atacar verdaderamente la raíz.

[1] Disponible en: Periódico Oficial del Estado de Nuevo León <http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/AC_0001_0007_00121886_000001.pdf&gt;.

[2] Iniciativa de reforma al artículo 66 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León en relación a la aplicación de penas por conducir en estado de ebriedad: «Art. 66 bis.- […] El imputado que sea condenado por homicidio culposo grave, no tendrá derecho a gozar del perdón judicial, conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, condena condicional o substitución de sanción, salvo con las reglas del procedimiento abreviado». Disponible en: Honorable Congreso del Estado de Nuevo León <http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/ejecutivo/LXXIII-2014-EXP8883.pdf&gt;.

[3] Iniciativa de reforma al artículo 409 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León en relación a la aplicación de penas por conducir en estado de ebriedad: «Art. 409.- […] El imputado que sea condenado por sentencia dictada en el procedimiento abreviado, no tendrá derecho a gozar del perdón judicial, conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, condena condicional o substitución de sanción diferentes a los términos del acuerdo con el Ministerio Público». Disponible en: Honorable Congreso del Estado de Nuevo León <http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/ejecutivo/LXXIII-2014-EXP8883.pdf&gt;.

[4] Código Penal para el Estado de Nuevo León. (P.O. 26 de Mar., 1990/ 29 de Oct., 2014): «Art. 52.- La inhabilitación, suspensión y pérdida de derechos, es de dos clases:»

[…]

«II.- La que por sentencia se impone como sanción.»

[5] Código Penal para el Estado de Nuevo León. (P.O. 26 de Mar., 1990/ 29 de Oct., 2014): «Art. 308.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.»

[6] Código Penal para el Estado de Nuevo León. (P.O. 26 de Mar., 1990/ 29 de Oct., 2014): «Art. 28.- Obra con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito, por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las leyes o reglamentos, las circunstancias y sus condiciones personales, o las normas de la profesión o actividad que desempeña. Así mismo en el caso de representarse el hecho como posible y se conduce en la confianza de poder evitarlo.»

[7] Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León. (P.O. 30 de Dic., 2005/ 29 de Oct., 2014).

[8] Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Nuevo León. (P.O. 18 de Mayo, 2011/ 29 de Oct., 2014).

[9] Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Nuevo León. (P.O. 18 de Mayo, 2011/ 29 de Oct., 2014): «Art. 81.- Las autoridades municipales, al tener conocimiento de la comisión de infracciones que tengan como sanción la suspensión o cancelación de licencias de conducir»

«I. Retendrán inmediatamente de forma provisional, como medida preventiva, la licencia de conducir del vehículo;»

«II. Tomarán las medidas necesarias, de acuerda a la normativa, para evitar que el titular de la licencia continúe conduciendo;»

«III. Notificarán de inmediato la retención a la autoridad estatal competente en materia de expedición de licencias; y»

«IV. Notificarán a la unidad municipal competente, remitiéndole la licencia y copia del documento en el que consten las infracciones cometidas para efectos de que ésta sustancie el procedimiento correspondiente y emita la resolución que proceda.»

[10] Principio de progresividad. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al restringir la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, no lo vulnera. Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Morelia, Michoacán. Tesis (III Región) 5o.14 K (10a.); registro 2007533.

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