Clausura definitiva a los establecimientos de comercio

Cuando una autoridad ordenaba la clausura definitiva de un establecimiento de comercio resultaba una práctica común el que los afectados recurrieran a la suspensión en el amparo para frenar dicha acción (clausura) y continuar funcionando como establecimiento.

Esta medida ha sido frenada debido a la contradicción de tesis suscitada entre el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Nuevo León). Dicha contradicción fue resuelta por el Pleno del Cuarto Circuito.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concedió la suspensión definitiva contra la clausura definitiva de un establecimiento, con esto permitiendo que continuara con sus operaciones. Lo anterior al considerar que la «clausura definitiva ejecutada con anterioridad a la promoción del juicio de amparo, exclusivamente para los efectos de la suspensión no es un acto consumado, dado que por su naturaleza y consecuencias, debe observarse que éstas se prolongan de manera indefinida durante el tiempo que permanezca el estado de clausura»[1].

Es por lo anterior que el Tribunal consideró que debía de realizarse un análisis anticipado para poder proteger los derechos de quien solicita esta medida, esto tomando en cuenta la apariencia de buen derecho y del interés social[2]. Al realizarse dicho análisis, «no se estaría prejuzgando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que ello sólo puede examinarse la sentencia de amparo correspondiente»[3].

Por otro lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito negó la suspensión provisional en contra de la clausura definitiva, al sustentar que se trata de un acto consumado. Estimó que si bien la finalidad de la suspensión es detener la acción de la autoridad mientras se tramita el amparo, en el caso particular la medida no es aplicable debido a que, de aplicarse, se otorgarían efectos restitutorios y estos sólo pueden resolverse en el amparo.

Dicho tribunal argumentó que la «clausura definitiva es un acto consumado que había producido todas sus consecuencias al encontrarse ejecutada en su totalidad»[4]. Con la imposición de los sellos y listones en el establecimiento, la clausura se verificó en un solo acto.

La contradicción de criterios se relaciona con otorgar la suspensión en el juicio de amparo, cuando se trate de la clausura definitiva de un establecimiento de comercio. El Tribunal Pleno del Cuarto Circuito consideró que para poder resolver dicha contradicción se debía determinar si la clausura definitiva es –o no– un acto consumado y si conceder esta medida implica otorgar efectos restitutorios que corresponden exclusivamente a la sentencia de amparo[5].

El Pleno del Cuarto Circuito determinó que efectivamente, la suspensión en el juicio de amparo es una institución que tiene como finalidad detener la acción de la autoridad mientras se resuelve el juicio de amparo, dicha suspensión se otorga para «evitar perjuicios irreparables al agraviado»[6].

El Tribunal estimó que para conceder la suspensión deben verificarse ciertos elementos[7]:

Primeramente se requiere corroborar que el acto que se reclama es cierto. Para esto se hace una diferenciación entre si lo que se solicita es la suspensión provisional o la definitiva. De solicitarse la suspensión provisional, se deberá atender a las manifestaciones realizadas por el quejoso; de tratarse de una suspensión definitiva lo que se deberá tomar en cuenta son los informes previos brindados por las autoridades responsables, así como las pruebas que ofrezcan las partes.

Por otro lado, el acto reclamado debe ser susceptible de ser suspendido, que su naturaleza lo permita.

Así mismo, la suspensión debe ser solicitada por el agraviado. Y de otorgarse dicha medida, ésta no debe causar perjuicio al interés social, ni contravenir disposiciones de orden público.

Ahora, de no contravenirse disposiciones de orden público y si la naturaleza del acto lo permite, se deberá realizar un análisis con base en la apariencia del buen derecho y del interés social.

Tomando en cuenta lo anterior, se arribó a la conclusión de que no puede otorgarse la suspensión ya que no se cumple con uno de los elementos, que es que el acto sea susceptible de ser suspendido. En el caso concreto, la clausura definitiva de un establecimiento es un acto consumado, por lo cual no se puede otorgar la suspensión.

Para llegar a dicha conclusión se argumentó que la clausura definitiva es un acto consumado debido a que éste se ejecuta en un solo acto, instalándose los sellos y listones correspondientes y con esto un cese definitivo a la autorización que tenía el establecimiento para operar. Dicho acto sólo puede quedar sin efectos con la concesión del amparo.

La suspensión que se concediera en contra de la «clausura definitiva sí tendría efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, la autoridad responsable o la sociedad habrían sufrido un agravio irreparable al reaperturar, con motivo de la suspensión y mientras dura el juicio de amparo, un establecimiento determinado, cuando no se justificó que contara, o realmente no contaba, con la licencia correspondiente; en cambio mantenidas las cosas en el estado que guardan, clausurado el negocio y sin reapertura, la protección federal otorgada por el amparo permitirá la reapertura del negocio»[8].

Por ahora, todos los establecimientos de comercio que hayan sido clausurados de manera definitiva, no podrán solicitar la suspensión en el amparo, por lo cual tendrán que esperar hasta la tramitación del juicio para saber si pueden seguir funcionando como establecimiento.

El proyecto original del Pleno del Cuarto Circuito estimaba que «aún cuando la autoridad administrativa ejecutara en un solo acto la imposición de sellos o listones de acceso al establecimiento comercial, lo cual no requería de una conducta reiterada de la autoridad para que surtiera sus efectos, no quedaba definitivamente consumado, porque sus efectos y consecuencias se prolongan en el tiempo e impiden la continuación del funcionamiento del giro correspondiente, de modo que, ese estado de clausura puede ser objeto de suspensión, pues el acto reclamado habrá de examinarse conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, siempre que no se afecten los derechos de la sociedad o se violen disposiciones de orden público».

Consideramos que debió prevalecer lo contemplado en el proyecto original, ya que ahora el criterio sustentado limita la acción de los establecimientos de comercio ante la clausura definitiva.

No se debatió si existía la posibilidad de que se concediera la suspensión a algún establecimiento dependiendo del giro que tuviera, simplemente se uniformó el criterio y la suspensión no se concede a ningún tipo de establecimiento de comercio.

Estimamos que a pesar de que el Pleno determinó que la materia de contradicción era si la clausura definitiva es o no un acto consumado y que no debía involucrarse el estudio del giro del negocio clausurado, resulta importante destacar que los criterios materia de contradicción derivaban de amparos interpuestos por establecimientos con el giro de casas de apuesta.

El criterio pudo haber sido orientado hacia no otorgar la suspensión a aquellos establecimientos con el giro de casas de apuestas. La misma Ley de Amparo establece que la suspensión no deberá concederse cuando «continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como los establecimientos de juegos con apuestas o sorteos»[9].

[1] Contradicción de tesis 10/2013, suscitada entre el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

[2] Dicho análisis encuentra su fundamento el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF Febrero 5, 1917/Julio 7, 2014).

«Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:»

[…]

«X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.»

«Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;»

[…]

[3] Contradicción de tesis 10/2013, suscitada entre el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito..

[4] Loc. Cit.

[5] Loc. Cit.

[6] Loc. Cit.

[7] Loc. Cit.

[8] Loc. Cit.

[9] Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF Abril 2, 2013/Julio 14, 2014).

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

  1. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

[…]

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