Derechos humanos no tan humanos: Protección para las personas morales

El 21 de Abril del presente año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. El tema de contradicción era si las personas morales gozan o no de derechos humanos.

El criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito era que «las personas jurídicas, al igual que las físicas, son titulares de iguales derechos y deberes constitucionales, con la precisión de que la tutela de derechos humanos a su favor sólo procederá en casos determinados»[1].

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito sostenía que las «personas morales no pueden ser titulares de derechos humanos, pues representan un ente ficticio, carente de factor relativo a la dignidad humana, siendo esto el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos»[2].

Ahora, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 Junio de 2011 que tuvo como énfasis a la persona humana y su dignidad y de la lectura del artículo 1º constitucional que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, se podría decir que se está excluyendo a las personas morales como titulares de derechos humanos[3].

Al respecto, la Ministra ponente Luna Ramos  estableció que en el proceso legislativo de dicha reforma a pesar de que no  se hizo énfasis en las personas morales, éstas no quedaban excluidas. Lo anterior tomando el dictamen hecho por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que decía:

Respecto al párrafo primero del artículo 1° constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término “persona” propuesto desde la cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas[4].

No hubo mucho debate sobre el asunto, el Pleno resolvió por unanimidad de votos que deberán aplicarse a las personas morales aquellos derechos humanos «que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad, y asegurar el libre desarrollo de su actividad»[5].

De lo anterior, encontramos un derecho idéntico a los mencionados y ya reconocido en el Código Nacional de Procedimientos Penales: las personas morales deben tener un representante una vez que se inicie acción penal contra ella, esto «a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga»[6].

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el número 2 del artículo 8 queda establecido lo siguiente sobre las garantías judiciales:

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[…]

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

El preámbulo de la misma Convención dice lo siguiente:

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

Por consiguiente, podemos decir que en el derecho internacional los derechos humanos son atributos de la persona humana, por lo cual solo pueden ser aplicados a ésta.

Así mismo, la Corte determinó que las personas morales «no se les pueden aplicar aquellos derechos humanos que realmente son inherentes a la persona humana»[7], es decir, el derecho a la salud, el derecho a la habitación, el derecho a la intimidad, que son derechos exclusivos de la persona humana y no podrían ser aplicados ni por extensión a las personas morales.

Sobre el derecho a la vida, la ya mencionada Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4 dice que:

Artículo 4.  Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Ahora, el Código Civil para el Estado de Nuevo León contempla que las personas morales son aquellas «entidades reconocidas como tales por la ley, en virtud de haber sido legalmente constituidas»[8].

Y partiendo de lo ya mencionado sobre el preámbulo de la Convención, el derecho a la vida es un atributo de la persona humana, razón por la que este derecho no es aplicable a las personas morales ya que estas son entidades reconocidas por la ley y más importante aún es que son constituidas, no concebidas.

El debate sobre el asunto en la Corte, prácticamente nulo nos deja solamente con una conclusión obvia: que los derechos humanos tales como el derecho a la salud o a la habitación son exclusivos de la persona humana y no son aplicables a las personas morales.

Que solamente se resuelva que se aplicarán a las personas morales los derechos humanos que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad, no nos dice nada.

En palabras del Ministro Valls Hernández:

No es posible establecer, de inicio, cuáles derechos les corresponden o cuáles no a este tipo de personas jurídicas, sino que corresponderá en cada caso al juzgador decidirlo, partiendo principalmente de la naturaleza del derecho fundamental de que se trate, a fin de fijar su alcance, y en su caso, de la función o actividad que dicha persona moral tenga para verificar si este derecho le es predicable o no[9].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Contradicción de tesis 360/2013 “La SCJN resuelve que las personas morales son titulares de los derechos fundamentales, necesarios para la realización de sus fines.” Disponible en línea: <http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=155733&SeguimientoID=588&CAP=360/2013&Promoventes=&ActoReclamado=&gt;.

[2] Loc. Cit.

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

[4] Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de Abril de 2014. Disponible en línea: <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/21042014PO.pdf&gt;.

[5]  Loc. Cit.

[6] Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 422. Investigación

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en el artículo anterior iniciará la investigación correspondiente.

En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes y sea necesario que alguna de las personas físicas a que se refiere el anterior artículo deba acudir ante el Ministerio Público, éste dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga.

En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá representarla.

[7] Loc. Cit.

[8]Art. 22 Bis.- Son sujetos de derecho:

l.- Las personas físicas, a quienes la ley reconoce personalidad jurídica por el solo hecho de su naturaleza humana; y

II.- Las personas morales, que son las entidades reconocidas como tales por la ley, en virtud de haber sido legalmente constituidas.

[9] Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de Abril de 2014. Disponible en línea: <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/21042014PO.pdf&gt;.

 

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