La presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador

La presunción de inocencia es el «derecho que tiene toda persona acusada de la comisión de un delito a ser considerada y tratada como inocente, en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad»[1].

En México, el principio de presunción de inocencia fue reconocido expresamente en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de Octubre de 1814 y que en su artículo 30 decía que «todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado».

A pesar del reconocimiento de dicho principio, «este decreto, dictado en plena guerra de independencia nunca estuvo en vigor»[2].

Ahora, antes de la reforma constitucional en materia penal del 18 de Junio de 2008, la presunción de inocencia no se encontraba consagrada expresamente en la Constitución Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Agosto de 2002 emitió la tesis con número XXXV/2002, en la que de la interpretación de los artículos 14, 16, 19, 21 y 102[3] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estimó que los «principios constitucionales del debido proceso legal y acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado»[4].

Tuvieron que pasar 85 años desde la expedición de la Constitución de 1917, para que la Corte reconociera con este criterio, «un principio fundamental del derecho penal liberal y garantista, que se conoce como el derecho a la presunción de inocencia»[5].

Con la reforma constitucional en materia penal del 18 de Junio de 2008, el principio de presunción de inocencia quedó consagrado expresamente en el artículo 20 de nuestra Constitución:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

[…]

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

La presunción de inocencia es un principio que rige en el ámbito penal debido a que «tal principio busca evitar la afectación del derecho constitucional a la libertad ante la posibilidad de que se emita una sentencia condenatoria, mediante la cual se acredite la culpabilidad del imputado»[6].

Ahora, en Abril de 2013 se suscitó una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los amparos en revisión 349/2012 y 431/2012 y en donde se establecieron los siguientes criterios:

La Primera Sala consideró que la presunción de inocencia es un derecho fundamental compatible con el ámbito administrativo sancionador y que su protección debe extenderse a los procedimientos sancionadores que lleva a cabo la administración pública que tienen que ver con aspectos disciplinarios, con las modulaciones necesarias para hacerlo compatible con el contexto institucional al que se pretende aplicar.

Por otro lado, la Segunda Sala determinó que el principio de presunción de inocencia constituye un aspecto del procedimiento penal que busca evitar la afectación a la libertad ante la posibilidad de que se condene antes de demostrar la culpabilidad del imputado, lo que a criterio de dicha Sala, no guarda relación directa con los fines del  procedimiento administrativo, haciendo incompatible la aplicación de este principio[7].

Siendo una contradicción de tesis entre las dos salas de la Corte, lo que el Pleno de la Suprema Corte debía determinar era si el principio de presunción de inocencia sólo es aplicable en el ámbito penal o si también puede aplicarse en el proceso administrativo sancionador.

Los días 21, 23, 27 y 28 de Enero de 2014 se analizó el proyecto bajo la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

El Pleno estableció que el punto de contradicción consistía en determinar si el principio de presunción de inocencia resultaba aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios.

La razón por la que el mencionado principio debe de ser aplicado es por la «similitud que existe entre el procedimiento administrativo sancionador y el derecho penal en tanto que ambos parten de la potestad sancionatoria del Estado y ambos buscan en todo momento proteger la dignidad humana a través de un procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales»[8].

Así mismo, se establecieron tres premisas principales[9]:

  1. En cuanto a qué se entiende por proceso administrativo sancionador, «será aquél procedimiento iniciado a un particular o servidor público a partir de una situación concreta, en la que la autoridad administrativa lo instaura en forma de juicio, cumpliendo las formalidades mínimas que refiere el debido proceso y que concluye con una sanción».
  2. También se estimó que la presunción de inocencia como derecho fundamental, solamente será eficazmente aplicado «cuando el gobernado se enfrente a una acusación y tiene el propósito de ser un límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho punitivo».
  3. Una razón por la que se debe de ampliar al procedimiento administrativo sancionador el multicitado principio es porque los principios constitucionales son de aplicación general y, debido a que atienden a la protección de la persona, su ampliación a este proceso es válida.

El Pleno resolvió que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, esto de «conformidad con la interpretación más favorable, si en el procedimiento administrativo sancionador se dejara de atender el principio de presunción de inocencia, podría surtir violación a los derechos humanos, lo cual cobraría sentido en atención, tanto al derecho fundamental de defensa, como a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos»[10].

Se resolvió la contradicción por mayoría de 9 votos y siendo que cada Ministro tenía sus consideraciones sobre el proyecto, la Ministra ponente matizará la propuesta y circulará en engrose, para que este sea avalado por cada Ministro.

El ampliar la presunción de inocencia al proceso administrativo sancionador muestra que los conceptos no son absolutos. En palabras del Ministro Arturo Zaldívar:

Los principios jurídicos son conceptos que deben de irse adaptando y permeando, máxime cuando se trata de derechos fundamentales buscando en todo momento lo que es más favorable al derecho de la persona, acartonar los conceptos ha hecho mucho daño al derecho[11].

A pesar de que la presunción de inocencia no encuentra las condiciones exactas de aplicación en el ámbito penal, por la analogía que guarda con esos procesos la ampliación de la presunción de inocencia a este tipo de procedimientos garantiza la protección más favorable a la persona.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Rodríguez, Jesús. “Presunción de inocencia”. En: Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa, México, Tomo IV, ed. histórica, p. 2991.

[2] Cárdenas Rioseco, Raúl. La Presunción de Inocencia. 2ª ed. México, Porrúa, 2003/2006, p. 9.

[3] Se  realizó la interpretación sistemática los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero y 102 apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[4] PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  [TA]; 9ª Época; Pleno; S..J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Agosto de 2002; Pág. 14. P. XXV/2002. Registro No. 186 185.

[5] Cárdenas Rioseco, Raúl. Ob. Cit., p. 145.

[6] Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de Enero de 2014. Disponible en línea: <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/21012014PO.pdf&gt;.

[7] Contradicción de Tesis 200/2013. Antecedentes.  Disponible en línea: SCJN <http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=151165&SeguimientoID=578&gt;.

[8] Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 27 de Enero de 2014. Disponible en línea: < https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/27012014PO.pdf&gt;.

[9]Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de Enero de 2014. Disponible en línea: <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/28012014PO.pdf&gt;.

[10] Contradicción de tesis 200/2013.  Resolución. Disponible en línea: <http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=151165&SeguimientoID=578&gt;.

[11] Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 27 de Enero de 2014. Loc. Cit.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s