Las personas morales como sujetos de responsabilidad penal

El 5 de marzo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedarán abrogados gradualmente los Códigos Penales de las entidades federativas y el Código Federal de Procedimientos Penales. Se trata del así llamado código único.

Uno de los puntos interesantes de este nuevo Código, es que establece un procedimiento para personas jurídicas. Las personas jurídicas o personas morales «son ciertas entidades a las cuales el derecho considera como una sola entidad para que actué como tal en la vida jurídica»[1].

Al respecto, podemos leer en la exposición de motivos lo siguiente:

Las personas jurídicas son vehículos a través de los cuales, ya sea aprovechando su estructura, o actuando bajo su nombre o representación, se comenten delitos que normalmente causan un gran impacto en el sector económico, financiero, etcétera[2].

Es por lo anterior, que el nuevo Código cuenta con un capítulo sobre el procedimiento para personas jurídicas.

Para el ejercicio de la acción penal en contra de una persona jurídica, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 421 establece que[3]:

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal

Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de ésta sólo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba responder por el delito cometido.

La acción penal, por consiguiente, podrá ser ejercida contra el miembro o representante de la persona moral, si comete un hecho delictivo con los medios que le proporcione la persona jurídica.

Además, la acción penal contra una persona moral solamente podrá ser ejercida cuando también se ejerza acción penal contra la persona física que debe responder por el delito. Como excepción la acción no puede ser ejercida contra instituciones estatales.

Con este procedimiento, lo que queda es establecer cuáles son las consecuencias jurídicas para  la persona moral.

El Código Penal para el Estado de Nuevo León, en su artículo 61 establece lo siguiente:

Artículo 61. Cuando algún miembro o representante de una persona moral, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, con audiencia de la persona moral, aplicar las sanciones previstas en el inciso H) del artículo 46. La disolución extinguirá la persona moral, que no podrá volver a constituirse ni en forma encubierta.

Se nos remite al artículo 46 inciso H) que reza lo siguiente:

Artículo 46. Las sanciones aplicables por la comisión de delitos, son:

[]

H) Confinamiento

El Código Penal de Nuevo León define el confinamiento como «la obligación de residir en determinado lugar y no salir de el»[4].

El confinamiento no es algo que pueda ser aplicable a una persona moral, ya que siendo esta una entidad reconocida por el Derecho, no podrá residir en un lugar determinado y no salir de él. Esto sólo es aplicable a las persona físicas.

La sanción establecida no es aplicable a las personas morales, el 28 de Julio de 2004 fueron reformadas diversas fracciones del artículo 46, pero antes de la reforma el mencionado artículo en su inciso H) contemplaba lo siguiente:

Artículo 46. Las sanciones aplicables por la comisión de delitos, son:

[]

H) Suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos.

El artículo 61 nos remitía a este inciso y éstas eran claramente, las sanciones aplicables a la persona moral.

Con la reforma del 2004, se añadió el confinamiento con una sanción, quedando establecido en el inciso H) y dejando la suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos en el inciso  I) del mencionado artículo.

El problema radica en que el artículo 61 del Código Penal del Estado no fue reformado, nos sigue remitiendo a la fracción H), cuando debió de haber sido reformado para remitirnos a la fracción I), donde claramente se encuentran las consecuencias jurídicas para las personas morales[5].

De lo anterior se desprende que las consecuencias para las personas morales serán las siguientes:

–          La suspensión se refiere a «la cesación de la actividad de la persona moral»[6].

–          La disolución «que es un estado o situación de la persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el que se creó»[7].

Así mismo, el Código Penal establece que la disolución extinguirá a la persona moral y está no podrá volver a  constituirse ni en forma encubierta.

–          En cuanto a la intervención, el artículo 62 del Código Penal de Nuevo León establece que:

Artículo 62. La intervención consiste en remover a los administradores de la persona moral, encargando su función temporalmente a un interventor designado por el juez, intervención que cesará cuando los órganos de la empresa substituyan a las personas que habían cometido el hecho delictuoso. Los jueces convocarán a la celebración de las asambleas o reuniones establecidas por la ley.

–          También se establece la prohibición de que realicen «determinadas operaciones, según lo amerite su caso»[8].

Anteriormente no existía un procedimiento en materia penal para perseguir a las personas morales. Ahora, este procedimiento «implica reconocer a la persona jurídica como sujeto de responsabilidad penal y, por lo mismo, reconocer en ella los derechos que le asisten a todo justiciable, pues se trata ahora que la misma pueda ser acusada penalmente y que deba enfrentar esa acusación sometida a un proceso penal, como si se tratara de una persona física, pero considerando su realidad jurídica»[9].

El Código Penal de Nuevo León establece a las personas morales como sujetos de responsabilidad penal, a diferencia del Código Penal del Distrito Federal, que a pesar de establecer las mismas consecuencias que el de Nuevo León, ve estas consecuencias como accesorias y, además, establece que solamente pueden ser responsables penalmente las personas físicas[10].

Teniendo ya el procedimiento para las personas morales en el código único, lo que queda es que los códigos penales de las entidades federativas sean reformados y se reconozca a las personas morales como sujetos de responsabilidad penal.

Los socios de una sociedad, por lo pronto, pueden estar tranquilos: pues no se ve que se estipule su privación de la libertad (cárcel) si la sociedad “fuera encontrada delinquiendo”.


[1] Tamayo, Rolando. “Persona Colectiva”. En: Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa, México, Tomo IV, ed. histórica, p. 2846.

[2]Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana. Disponible en línea: <http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Iniciativa/Iniciativa_Conjunta_unica.pdf&gt; p. 108.

[3]Procedimiento para personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 422. Investigación

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en el artículo anterior iniciará la investigación correspondiente.

En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes y sea necesario que alguna de las personas físicas a que se refiere el anterior artículo deba acudir ante el Ministerio Público, éste dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga.

En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá representarla.

Artículo 423. Formulación de la imputación y vinculación a proceso

En la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física, se darán a conocer al representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor, los cargos que se formulen en contra de su representado, para que dicho representante o su Defensor manifiesten lo que a su derecho convenga.

El representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor designado, podrá participar en todos los actos del procedimiento. En tal virtud se les notificarán todos los actos que tengan derecho a conocer, se les citarán a las audiencias, podrán ofrecer medios de prueba, desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la persona jurídica perjudiquen.

La autoridad judicial dictará auto por el que determine si la persona jurídica de que se trate debe o no estar vinculada a proceso.

Artículo 424. Formas de terminación anticipada

Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, se podrán aplicar las formas anticipadas de terminación del proceso y en lo conducente, los procedimientos especiales previstos en este Código.

Artículo 425. Sentencias

En la sentencia que se dicte, el Tribunal de enjuiciamiento resolverá lo pertinente a la persona física imputada y a la persona jurídica, imponiendo a ésta, en su caso, la sanción procedente.

En lo no previsto por este Capítulo, se aplicarán en lo que sea compatible, las reglas del procedimiento ordinario previstas en este Código.

[4] Código Penal para el Estado de Nuevo León. Artículo 60. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de el. El Ejecutivo hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del sentenciado, confinamiento que no podrá exceder de seis años.

[5] Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Antes de la reforma el artículo 46 establecía lo siguiente:

Artículo 46. Las sanciones aplicables por la comisión de delitos, son:

A)        Prisión;

B)        Multa;

C)        Inhabilitación, suspensión y privación de derechos;

D)       Caución de no ofender;

E)        Amonestación;

F)        Publicación especial de sentencia;

G)       Confinamiento;

H)       Suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos;

I)         Perdida de los instrumentos del delito y;

J)         Las demás que fijen las leyes

Con la reforma del 28 de Julio de 2004 las consecuencias jurídicas para las personas morales quedaron establecidas ahora en el inciso I, el artículo 46 quedó de la siguiente manera:

Artículo 46. Las sanciones aplicables por la comisión de delitos, son:

A)        Prisión;

B)        Multa;

C)        Trabajo en beneficio de la comunidad;

D)       Inhabilitación, suspensión y privación de derechos;

E)        Caución de no ofender

F)        Amonestación;

G)       Publicación especial de sentencia;

H)       Confinamiento;

I)         Suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos;

J)         Pérdida a favor del Estado, de los instrumentos del delito, cosas, bienes o valores provenientes directa o inmediatamente de su realización, así como de aquellos que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo delito, sean de uso prohibido o licito;

K)        Destrucción de cosas nocivas o peligrosas; y

L)        Las demás que fijen las leyes

[6] Código Penal para el Distrito Federal. Artículo 68. La

suspensión consistirá en la cesación de la actividad de la persona moral durante el tiempo que determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de dos años.

[7] Góngora, Genaro. “Disolución de Sociedades”. En: Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa, México, Tomo II, ed. histórica, p. 1370.

[8]Artículo 63. Los jueces podrán prohibir a las personas morales la realización de determinadas operaciones, según lo amerite el caso, y lo resolverán en sentencia.

[9]Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana. Ob., Cit. 110.

[10] Código Penal para el Distrito Federal.

Artículo 27 (Responsabilidad de las personas morales). Para los efectos de este Código, sólo pueden ser penalmente responsables las personas físicas. Sin embargo, cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las instituciones públicas del Distrito Federal, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas accesorias previstas en los artículos 68 y 69 de este Código para dichas personas, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.

Artículo 68 (Alcances y duración de las consecuencias para las personas morales). La suspensión consistirá en la cesación de la actividad de la persona moral durante el tiempo que determine el Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de dos años.

La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral, inclusive las

responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.

La prohibición de realizar determinados negocios u operaciones, que podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato de autoridad.

La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez, durante un período máximo de tres años.

Para hacer la designación, el juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados

que no hubiesen tenido participación en el delito.

Cuando concluya el período previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos.

La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona moral y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años.

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