La colegiación de abogados y su pseudo-regulación

Hablar –en México– sobre la colegiación de las profesiones constituye un auténtico dolor de cabeza. Pues la cuestión gira entorno a debates espinosos cuando se habla de la idoneidad y la necesidad de la colegiación de tal o cual profesión, como es la de los abogados. Por lo demás, las aristas se vuelven más agudas al agregarse el ingrediente de la obligatoriedad, ya que podrían entrar en juego Derechos Fundamentales. Y si a esto añadimos el esperpento jurídico (la Ley de Profesiones) que regula esta situación, el tema se vuelve en extremo arduo.

Creemos, retenemos y defendemos que los abogados debemos estar obligados a pertenecer a un colegio. Sin embargo, no siendo ésta la sede en la que se pueda argüir a favor o en contra de la colegiación obligatoria de los abogados, sirvan al lector unas breves pinceladas iniciales.

‘Abogado’ es un término que se ha ganado –a pulso de quienes ejercemos la abogacía– matices de alta cuestionabilidad ética. Y es que, en nuestro sistema, la formación deontológica del abogado brilla por su ausencia. En este sentido surge la idoneidad de los actuales gremios de profesionistas (en particular, de abogados) toda vez que el gremio debería guardar una supremacía moral sobre los agremiados[1]. Es el peso del grupo sobre el individuo lo “determinante” de la conciencia moral.

Los colegios de profesionistas tienen su origen en los gremios de la Edad Media. Éstos se constituyeron inicialmente como un medio de defensa de los agremiados contra el autoritarismo del Estado. Sin embargo, hoy en día resulta evidente que no sólo protegen el interés de sus miembros sino que, al esperar la sociedad un acceso profesional a la justicia, participan del interés colectivo. Tal acceso a la justicia es tarea primordialmente de las autoridades jurisdiccionales como de abogados. Así, en el abogado, la calidad moral y la profesional se identifican.

Sin la consolidación de grupos de abogados, la abogacía no se podría ejercer con estricto apego a normativas morales (reforzadas por el derecho vigente), a las cuales deberán sujetarse los integrantes del grupo. Ello debido a la insuficiencia de cohesión de esos grupos, lo que imposibilita tanto el surgimiento de normativas deontológicas, como su aplicación[2]. La obligatoriedad viene a ser el nexo que permitiría tal cohesión.

La colegiación obligatoria de abogados resulta idónea pero, ¿es necesaria? La necesidad se puede entender de varias maneras, incluso puede llegar a ser sinónimo de idoneidad. La necesidad de la que hablamos se traduce en una necesidad-medio: puesto el medio (colegiación obligatoria de los abogados) se logra el resultado (calidad ética y profesional de los abogados). Esta necesidad, si bien es extrínseca al resultado (ya que no nace de la naturaleza de la ética ni de la profesión misma), sí es, en cambio, íntima a un Estado de Derecho: pues no se puede esperar que haya un policía por cada abogado. Así, aunque puedan existir otros medios para lograr el resultado moral y profesional esperado, la colegiación obligatoria es necesaria.

Resulta difícil pensar en un organismo estatal que pueda organizar y controlar a cada una de las profesiones en su totalidad y que tome en cuenta la existencia de asociaciones profesionales que desarrollan actividades de organización y control de sus propios afiliados de manera seria y eficiente.[3]

En otra línea, parece evidente considerar que la colegiación sea parte del ejercicio del derecho de asociación. En nuestra opinión, al tratársele de dar a ésta el carácter de obligatoriedad, se debe ser cauto de no vulnerar otros derechos fundamentales: derecho al trabajo, libertad de asociación, derecho a la igualdad, libertad de culto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos análogamente ha analizado el caso de la colegiación obligatoria de periodistas, llegando a la conclusión de que ésta vulnera el derecho a la información. Se trata de una particular colegiación obligatoria, ya que se trata del gremio de los periodistas. Paradójicamente y con base en una lectura atenta de la resolución, de querer trasladar el mismo criterio a la colegiación de otras profesiones, se debe de admitir que la Corte llega, incluso, a respaldar su obligatoriedad:

64. En efecto, una acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención, hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden público […]

68. La Corte observa que la organización de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convención sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente, es decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y norma en las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden.[4]

Antes bien, es en el Derecho mexicano[5], particularmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se ha mostrado mayor oposición a la colegiación obligatoria. Para entender los criterios que rigen en México, es menester, por un lado, tener una vista panorámica de una de las más bizarras situaciones legales tal como es el marco normativo en relación a las profesiones. Nuestra Norma Suprema (art. 5) es explícita al delegar a las legislaturas locales la competencia para regular las profesiones:

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

No obstante lo anterior, en 1945 se publica la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. Y 5o. Constitucionales, Relativos al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito y Territorios Federales, que posteriormente en 1974 vendría a llamarse Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal (Ley de Profesiones). Paralelo a lo anterior también en 1945 se publica su Reglamento, el cual no ha tenido modificación alguna desde 1975.

Es sabido que en el cuadro jerárquico de nuestro sistema jurídico, una ley general (aquella que distribuye competencias, una especie de extensión de la Constitución) está por encima de las leyes federales (aquellas que regulan una competencia de la federación ya distribuida por la Constitución o por una ley general) y de las leyes estatales (que regulan una competencia de las Legislaturas locales). Ahora bien, según la SCJN, la Ley de Profesiones «es, a su vez, local para el distrito y territorios federales y general para toda la República en materia federal»[6]. El anterior criterio es válido pero ha quedado obsoleto, ya que data de un tiempo en donde convivíamos con territorios estatales y federales (los últimos hoy en día inexistentes) y de una época en donde la distinción entre ley general y ley federal se encontraba más difusa[7]. Es obvio que, hoy por hoy, la Ley de Profesiones vincula sólo al Distrito Federal; sin embargo, el vetusto Reglamento de la Ley de Profesiones del D.F. regula también asuntos del orden federal (art. 1°). Una Ley de Profesiones local, como lo es la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, podría pasar por alto el Reglamento de la Ley de Profesiones del D.F. en lo que atañe al registro de colegios de profesionistas ante la llamada Dirección General de Profesiones sin dejar de ser esto legal.

Entonces tenemos que la Ley de Profesiones del D.F.[8], en su art. 3 delega la certificación de conocimientos profesionales a las instituciones de educación superior; el art. 4 faculta al Ejecutivo federal a expedir reglamentos en contravención de lo dispuesto en el art. 5 constitucional; el art. 6 prevé que la interpretación de la ley sea siempre en beneficio de la sociedad, lo que expone la falta de mecanismos de solución de conflictos; el art. 21 otorga a la Dirección General facultades de vigilancia, lo que materialmente se ha quedado muy precario. En definitiva: La legislación hodierna confunde las funciones de control sobre las profesiones (y sus colegios) y la regulación de la educación superior de profesionistas; tampoco queda clara la naturaleza de la Dirección General de Profesiones… Y la misma crítica se debe de hacer sobre la actual iniciativa de Ley de Profesiones, cuya única bondad es la instauración de un sistema de colegiación obligatoria.

La oposición a una colegiación obligatoria se ha debido a algunos de los requisitos que presenta el orden jurídico, y se presenta normalmente vinculada a la libertad de trabajo. Sin embargo, tal libertad como toda libertad, no es absoluta y puede estar sometida a restricciones. «El derecho público subjetivo que consagra [el art. 5 constitucional] no es absoluto, irrestricto e ilimitado, sino que requiere que la actividad que emprenda el gobernado sea lícita, es decir, que esté permitida por la ley»[9]. Las restricciones más polémicas son: la restricción de existir sólo 5 colegios (art. 45 de la Ley de Profesiones de Nuevo León) y el requerimiento de tener mínimo 100 socios (art. 42, frac. II, de la antes citada ley). Con todo,

los referidos preceptos no impiden la incorporación de los particulares a una sociedad ya existente, ni la creación de una nueva, ni tampoco que elijan no pertenecer a ninguna, sino que se limitan a reglamentar ciertas modalidades que deben observarse para obtener el registro como colegio de profesionistas, a fin de salvaguardar los intereses colectivos que se persiguen con su establecimiento.[10]

La naturaleza de los colegios de abogados es la de ser coadyuvantes del Estado. Ello, que es claro para la SCJN, parece no ser tan evidente para el legislador. Lo anterior se vuelve también imperioso para comprender, al entrar al análisis de la libertad de asociación: Los requisitos antes mencionados, ¿vulneran la libertad de asociación? Se debe de partir, ante todo, de las finalidades de los colegios de profesionistas[11]:

a) la ordenación de las profesiones, lo que entre otras cosas implica el desarrollo e implementación de programas de actualización permanente de los colegiados, la certificación y formación deontológica de los colegiados, asimismo, proporcionar la “formación práctica” de los nuevos profesionales;

b) la representación con carácter de exclusividad de las profesiones;

c) la defensa de los intereses gremiales y profesionales;

d) vigilar que el ejercicio profesional se realice con estricto apego a la ética profesional.

Dicho lo anterior, los requisitos son restricciones que «lejos de vulnerar la libertad de asociación, la fortalece, pues con este requisito [limitar un mínimo de 100 miembros] sólo se pretendió que se creara un ente colectivo permanente, con representatividad suficiente de la profesión que agremia y con fuerza para defender sus intereses»[12].

Una última nota se debe de agregar a la prohibición de constituir más de 5 colegios. La SCJN en una tesis aislada ha resuelto en sentido contrario a como aquí se ha ido planteando: «El artículo 44 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal [art. 45 en la Ley de Profesiones para el Estado de Nuevo León], al limitar a cinco el número máximo de colegios susceptibles de constituirse por cada rama, vulnera la garantía de igualdad, en relación con las de libertad de trabajo y asociación»[13]. A lo anterior sólo cabe decir que el fin de la norma era no tener un colegio único y la limitante a cinco parece no tener sustento racional aunque sí razonable.

Diversos ángulos merecerían mayor profundización, otros ni siquiera han sido aquí tocados (como el compromiso que adquiere México por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte para homologar las asociaciones de profesionistas). No obstante, sean las anteriores pinceladas tan sólo una introducción al problema.


[1] Cf. Vázquez Esquivel, Efrén. “La Colegiación como Instrumento de Cambio”. Exposición sostenida en el Colegio de Abogados de Nuevo León (28 de Febrero de 2014).

[2] Cf. Vázquez Esquivel, Efrén. “La Colegiación como Instrumento de Cambio”.

[3] Matamoros Amieva, Erik Iván. La Colegiación Obligatoria de Abogados en México. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, 2012, pág. 3.

[4] Opinión Consultiva OC-5/85. 13 de Nov., 1985.

[5] En el Derecho comparado es común encontrar la colegiación obligatoria de abogados: España, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Brasil, Argentina, Chile.

[6] PROFESIONES, LEGISLACION EN MATERIA DE, POR LOS ESTADOS Y POR LA FEDERACION. [TA]; 6a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Volumen LXII, Tercera Parte; Pág. 53; registro 266776.

[7] La distinción entre ‘ley general’ y ‘ley federal’ se ha ido acentuando, más bien, en los últimos años a raíz de los conflictos que se han venido presentando ante la SCJN en temas de jerarquía normativa así como por el constante cambio de la pirámide jerárquica de las normas en México. V.gr. LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; Pág. 5. P. VII/2007; registro 172739; EDUCACIÓN. LAS LEYES QUE EXPIDAN LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN ESTA MATERIA, DEBEN SUJETARSE A LA LEY RESPECTIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; Pág. 1039. P./J. 143/2001, registro 187994.

[8] Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. (D.O.F. 26 de Mayo, 1945/ 19 de Ago., 2010).

«Art. 3°.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.»

«Art. 4°.- El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer de los Colegios de Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones.»

«Art. 6°.- En caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente Ley será interpretada en favor de esta última, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. Por lo que se refiere a las profesiones que implican el ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta Ley, y a las leyes que regulen su actividad, en lo que no se oponga a este ordenamiento.»

«Art. 21.- Dependiente de la Secretaría de Educación Pública se establecerá una dirección que se denominará: Dirección General de Profesiones, que se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas.»

[9] LIBERTAD DE TRABAJO. NO LA TRANSGREDE EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS QUE LOS CONTADORES PÚBLICOS OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ASOCIACIONES O COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 10. P./J. 132/2007; registro 170707.

[10] COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. LOS ARTÍCULOS 44 Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, AL CONDICIONAR SU REGISTRO AL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS, NO TRANSGREDEN LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Septiembre de 2000; Pág. 15. P. CXXXV/2000; registro 191134.

[11] Cf. Vázquez Esquivel, Efrén. “La Colegiación como Instrumento de Cambio”. Exposición sostenida en el Colegio de Abogados de Nuevo León (28 de Febrero de 2014).

[12] COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. LOS ARTÍCULOS 44 Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, AL CONDICIONAR SU REGISTRO AL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS, NO TRANSGREDEN LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Septiembre de 2000; Pág. 15. P. CXXXV/2000; registro 191134.

[13] COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, AL LIMITAR A CINCO EL NÚMERO MÁXIMO DE COLEGIOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIRSE POR CADA RAMA, VULNERA LA GARANTÍA DE IGUALDAD, EN RELACIÓN CON LAS DE LIBERTAD DE TRABAJO Y ASOCIACIÓN. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 184. 1a. CCXXXVII/2007; registro 171224.

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