El fantasma de Maquiavelo: Breve comentario sobre las medidas de localización geográfica en el Código Penal Único

«El fin justifica los medios». Una frase harto atribuida a Nicolás Maquiavelo; si bien, es tan sólo una atribución que resume sucintamente la teoría política del pensador. No es de sorprenderse, entonces, que aquél considerase en ‘El Príncipe’ la posibilidad de destruir a toda una ciudad[1] acostumbrada a vivir en libertad como medio para dominarla, o de exterminar a todos los descendientes de un gobernante derrocado, etc.

Si se analiza desde el punto de vista de la lógica formal, podría parecer que la extensión de la premisa es excesiva: Todo fin justifica siempre los medios. Pero en contraposición, ¿nunca un fin justifica el medio? ¿Justifica acaso algún medio? Como toda respuesta en filosofía, la solución implica una postura de justo medio: Algunos fines justifican los medios.

Con motivo de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el pasado 4 de Febrero del presente año, es que se pone ahora la lupa sobre la medida de la localización geográfica de celulares[2].

Cabe señalar que en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la discusión sobre esta disposición había sido ya sobrellevada. El argumento lo retoma la comisión dictaminadora aludiendo a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 312/2012 por el que se establece la “constitucionalidad” de la así llamada geolocalización:

[P]odemos referir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación resolvió que las reformas hechas al artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y los artículos 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), encuentran plena constitucionalidad en vista de que la localización geográfica en tiempo real está dirigida fundamentalmente a la localización de los aparatos que están asociados a una línea telefónica y no implica de ninguna manera la intervención de comunicaciones ni de domicilio por lo que en este acto resulta innecesaria de autorización judicial […] [3]

Dicho lo cual, los argumentos esgrimidos por la SCJN en defensa de la constitucionalidad de la localización geográfica los podemos enumerar de la siguiente manera:

(1) la geolocalización es efímera y se agota en un solo momento no siendo excesivamente invasiva;

(2) la facultad de geolocalización no es arbitraria;

(3) los datos de localización geográfica de un celular no revelan información tan sensible como la que puede revelar el contenido de comunicaciones;

(4) la localización geográfica es un acto de molestia que se perfecciona hasta que la información obtenida es utilizada en una investigación;

(5) la inmediatez de la localización geográfica hace razonable exigir control judicial y otras salvaguardas contra potenciales abusos;

(6) las personas no poseen una expectativa razonable de privacidad respecto de los datos de localización geográfica de su teléfono;

(7) la localización es de equipos no de personas;

(8) la localización geográfica es útil para la investigación de delitos y eso la hace constitucional[4].

Aunque en las sesiones de la Corte se discutieron los anteriores temas en diferente orden, nos parece metodológico colocar los argumentos según su peso (de acuerdo a la opinión de quien redacta el presente escrito). Pues es que, en efecto, la sana lógica nos lleva a pensar que la localización geográfica «en tiempo real»[5] está pensada para localizar el aparato móvil en el instante (hic et nunc); resulta así un acto efímero. Tampoco la medida comentada sería arbitraria puesto que está limitada por ciertos requisitos y aplica sólo para ciertos delitos de especial gravedad.

Sin embargo, el resto de los argumentos resulta en extremo inconsistente; y ello es preocupante viniendo de la máxima autoridad jurisdiccional del país. La Min. Luna Ramos, por ejemplo, comenta:

Como corolario de este examen, se estima que la solicitud que dirige el Procurador General de la República a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones se contrae a la ubicación, y esto es importantísimo, les decía, el concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que es ―para la localización de personas‖; no, el artículo se está refiriendo de manera específica a la localización de equipos celulares, a la localización del equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada […][6]

Así, el argumento señalado en el inciso (6) se arguye con una reducción ad absurdum, el (7) resulta irrisorio y el (8) no es más que una petitio principii.

No nos queda más que analizar lo que, a nuestra consideración, es el núcleo de la cuestión. A tal efecto, la SCJN divisa los dos asuntos esenciales de la problemática: si la geolocalización constituye una interferencia o invasión en un ámbito protegido por el derecho a la privacidad; y de ser así, si ésta se encuentra justificada constitucionalmente.

Entonces, si se dice que efectivamente la privacidad se puede violentar a favor de un “bien mayor”, este acto de molestia tiene que cumplir con los requisitos constitucionales contenidos en el art. 16, a saber, que la molestia tiene que ser por mandamiento escrito, que debe venir por autoridad competente y que debe estar fundada y motivada. La Corte debió haber establecido como parámetro único para medir la constitucionalidad, nada más que la regla máxima que es la Constitución. Permitir una interpretación del art. 16 Constitucional pone gravemente en peligro el Estado de Derecho y el principio de legalidad.

En otras palabras, los principios de reserva de ley, de seguridad jurídica y de taxatividad (que emanan en particular del art. 14 constitucional) irradian a toda la Constitución. Por lo tanto, a la luz de estos principios, los requisitos para que se permita un acto de molestia deben ser de aplicación estricta, máxime cuando dicho acto de molestia se sumerge e influye en la materia penal.

Hollywood nos ha enseñado que a los “malos” hay que perseguirlos y encontrarlos por todos los medios posibles. Nos alegramos cuando el protagonista del FBI encuentra al criminal con tan sólo un click en alguna súper computadora. El espíritu maquiavélico también nos invade a nosotros. Se nos olvida que el nuevo sistema tiene como principio rector la presunción de inocencia; y a la Corte se le olvida la preminencia solemne del derecho nacional, antes que indagar en precedentes extranjeros. Se nos olvida, en definitiva, que lo éticamente correcto es cuando el fin justifica los medios cuando éstos son medios posibles, lícitos y buenos.


[1] Hoy diríamos ‘Estado’.

[2] Dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 291.- Intervención de las comunicaciones privadas:

«Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas el Titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos facultados en términos de su Ley orgánica, así como los Procuradores de las Entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.»

«La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo un sistema de comunicación, o programas que sean fruto de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos, que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden presentar en tiempo real o con posterioridad al momento en que se produce el proceso comunicativo.»

«La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya recibido.»

«Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la autorización deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.»

«Los servidores públicos autorizados para la ejecución de la medida serán responsables de que se realice en los términos de la resolución judicial.»

[3] Dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Disponible en línea en: Cámara de Diputados <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/feb/20140204-III.html#DecDictamen1&gt;.

[4] Cf. García Muñoz, Luis Fernando. “La Corte y sus (Malos) Argumentos a favor de la Geolocalización de Celulares sin Controles”. En: Nexos. 14 de Ene., 2014, <http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3507&gt;.

[5] Al respecto del término «en tiempo real» la SCJN abre la posibilidad de que se pueda interpretar.

[6] Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 9 de Enero de 2014. Disponible en línea en: Suprema Corte de Justicia de la Nación <https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/09012014PO.pdf&gt;.

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3 comentarios el “El fantasma de Maquiavelo: Breve comentario sobre las medidas de localización geográfica en el Código Penal Único

    • Estimado Lic. Horacio:
      Todo comentario es bienvenido siempre que se encuentre dentro de los lineamientos del respeto a la opinión ajena y el buen sentido de la honra particular. Si se trata de artículos más elaborados de opinión jurídica, nos puede mandar un correo y el equipo de edición analizará su idoneidad comprometiéndonos a respetar la autoría. Por lo general, nuestra línea de pensamiento es abierta y desprovista de ideologías y/o partidismos, considerando de relevancia estudios/ comentarios jurídicos, más bien, de carácter académico y periodístico, lo cual sería los parámetros de redacción.
      Atte. El consejo editorial

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