Más allá de una simple cuestión homofóbica

Por Ángel G. Carrillo

Articulista invitado

¿Conservadores? Se nos tilda frecuentemente de ‘conservadores’ a quienes mostramos abiertamente nuestra oposición en contra de prácticas homosexuales.

Entonces, ¿de verdad somos conservadores? Sí –por supuesto–, no lo negamos: conservadores de las buenas costumbres, de las tradiciones, de principios eminentemente axiológicos, de los valores más clásicos que se pueden encontrar… y lo “clásico” –aquí y ahora– será siempre un canon, una pauta a seguir, un modelo probado. Sin embargo, una discusión sobre la moralidad de la homosexualidad se podría extender por decenas de páginas y distraería nuestro propósito: defender el derecho a la educación.

Traemos a colación el ya sabido caso de Alejandra, la niña a quien se le negó el acceso a una educación privada por el simple hecho de que sus padres son dos varones homosexuales[1]. ¡Indignación! Indignante es, a pesar de nuestra oposición inicial a la homosexualidad, la postura de quienes rechazan –bajo ningún argumento razonable– el acceso a la educación.

En ética existe algo que se llama actos con “doble efecto” o el principio del doble efecto, que justifica actos moralmente rectos en donde se “escapa” cierta colaboración con lo inmoral. El caso más ejemplificativo es cuando se provoca el aborto a un concebido al descubrirse que el útero de la madre es canceroso y hay que intervenir quirúrgicamente extirpándolo: la intención es recta, pues se trata procurar el bien –la salud– de la mujer, pero tiene un efecto depravado: la muerte del concebido. Dicha práctica sería lícita.

Procurar educación a un menor ni siquiera llega a considerarse un doble efecto, es una acción recta en sí misma que en nada incide sobre la orientación sexual de quien la ejerce. Pero, ¿acaso no se fomenta con ello la homosexualidad? Tan errático y retrógrada es esta manera de pensar, como si el hecho de que un asesino que procure educación a su hijo fomente por ello mismo el homicidio…

Para la ética no hay duda: es claro que la educación del menor es exigible desde cualquier ángulo.

Hasta aquí el moralista ¿Qué diría el jurista? El estudioso del Derecho debería aclarar varias cuestiones importantes: ¿Se ha violado el derecho a la educación? ¿En dónde se encuentra reconocido ese derecho? ¿Qué alcance tiene el Derecho a la educación (de estar reconocido constitucionalmente)? ¿Qué acciones tiene el Estado para fomentar la educación? Y los particulares, ¿tienen alguna acción para reclamar su derecho?

El art. 3° de nuestra Constitución protege el derecho a la educación[2]. De igual manera, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[3], los Estados partes (México entre ellos), reconocen dicho derecho. Se menciona también el Protocolo de San Salvador frente al cual se debe de ejercer un control convencionalidad[4].

Sin embargo, al momento en que la educación se quiere hacer efectiva, el ciudadano se topa con limitantes. Es decir, los Derechos Humanos se han desarrollado históricamente en ambientes revolucionarios (la pugna por las libertades contra el poder absoluto del Estado, de monarcas, de dictadores, etc.) Tales derechos son exigibles, sobre todo, al Estado, que es visto por la teoría iushumanista desde una concepción “hobbesiana”, que le convierte en una especie de monstruo para los individuos, en un Leviatán.

En esta perspectiva, el orden jurídico mexicano prevé la figura del juicio de amparo[5], ideado eminentemente para la defensa de los Derechos Humanos. Para el caso de Alejandra, ¿sería procedente un amparo contra la institución que le prohibió acceso a la educación? Si se ha dicho que los Derechos Humanos son tradicionalmente exigibles al Estado, la Ley de Amparo extiende esta protección al decir que son exigibles a la autoridad responsable.

En efecto, el concepto de ‘autoridad responsable’ es más amplio que el de ‘Estado’. Es evidente que hay particulares que violan los Derechos Humanos; pensemos, por ejemplo, en las grandes trasnacionales, que cuentan con un poder adquisitivo muchísimo más grande que el de una autoridad municipal. A nuestro caso, por ejemplo la SEP podría alcanzar la calidad de autoridad[6], puesto que es parte de la Administración Pública. Sin embargo, la escuela que negó la inscripción a Alejandra es un colegio privado, ¿es autoridad responsable? No siendo éste nuestro tema principal, dejamos al lector el siguiente criterio legal:

«Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.»[7]

Se “podría” afirmar que en este caso, el particular comparte con el Estado la obligación de garantiza un derecho a la educación. Creemos –aunque es muy discutible nuestra postura– que el artículo 3° de nuestra Constitución es una obligación eminentemente para el Estado, a saber, la constitución del régimen jurídico fundamental de la educación y la libertad de la enseñanza.

Las obligaciones del Estado frente a cualquier tipo de derechos sociales están condicionadas a la disponibilidad del Estado en cuestión, y a su aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. Para el derecho a la educación, ello se traduciría en la existencia de suficientes y buenas escuelas y condiciones de estudio (disponibilidad), programas de estudio pertinentes y docentes especializados (aceptabilidad), garantía de permanencia (adaptabilidad), y la aplicación del principio de la no discriminación (accesibilidad). Relativo a esto último, ¿podría, entonces, el Estado intervenir y obligar a colegios particulares a aceptar a quien sea que exija acceso a la educación?

La respuesta a lo anterior queda oscilante entre el sí y el no. Para el caso de México y de Nuevo León, creemos que no. La premisa innegable es que la obligación de asegurar la educación es primariamente para el Estado (y el Estado se encarga directamente de la educación pública) pero, por otro lado, es evidente que el art. 3 constitucional informa toda la Constitución y con ello, todo el orden jurídico e, incluso, todo el orden ético-social. Para que el Estado pueda obligar a particulares por el criterio de accesibilidad/no-discriminación tendrían que estar carentes los otros criterios, por ejemplo, insuficiencia de planteles para la docencia (disponibilidad).

Se trata, en fin de cuentas, del carácter fundamental de los derechos fundamentales. Y una educación privada sobrepasa este carácter. Por ejemplo, un individuo tiene, sin lugar a dudas, un derecho a la salud fundamental sin que ello implique el acceso a los mejores hospitales. Un derecho a la vivienda digna tampoco abarca condiciones de lujo, etc.

No obstante lo dicho, así como para la cuestión sobre la procedencia de un amparo, para esta cuestión también dejamos la interrogante sin respuesta.

El punto es que ante un rechazo del calibre como el sucedido en estos días con Alejandra, pocos ánimos les quedarán a los interesados de acceder al plantel que tan indignantemente les ha cerrado las puertas. Serían más pertinentes otros medios legales como exigir la reparación de un daño moral, la denuncia por circulación de información engañosa por parte de la institución, entre otras cosas.


[1] Proceso. 21 de Sept., 2013. Denuncian a colegio privado que expulsó a niña por tener dos papás. Campos Garza, Luciano. Disponible en línea en: <http://www.proceso.com.mx/?p=353423>.

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 3, § 1: «Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias».

[3] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 13, § 1: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz».

[4] Protocolo de San Salvado, art. 13, §§ 1 y 2: «1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.».

[5] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 103: «Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal».

[6] Escuelas normales del Estado de Jalisco. La convocatoria emitida por la Secretaría de Educación de esa entidad federativa invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a aquéllas, no constituye un acto de autoridad impugnable en amparo. Tesis: 2a./J. 78/2009, registro 167119: «Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares.».

[7] Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 5, frac. II, § 2.

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