¿Cuántos derechos humanos se violaron?

El 6 de Abril de este año aparecía la siguiente nota periodística: «En una acción contundente, la Policía Federal aplicó ayer la ley y desalojó a miles de maestros de Guerrero que por la tarde bloqueaban la Autopista del Sol»[1].

La nota relata las acciones que tomaron las autoridades competentes ante la actuación de los maestros guerrerenses. Éstos, inconformes con la reforma educativa, habían tomado la autopista que conecta a Acapulco. A lo largo del mes se han ido produciendo una serie de enfrentamientos entre el magisterio y el Estado; lo que nos hace echar una mirada a la cuestión de los derechos humanos.

Interesante es para el jurista la afirmación del periodista “aplicó la ley”. ¿Cuál fue la ley que se aplicó? ¿Con qué facultades actuó la Policía Federal? Sin duda alguna, la cuestión magisterial es mucho más compleja de lo que parece y comprende una madeja de hilos políticos, sindicales, sociales, etc.

Tomemos sólo una hebra, la de los derechos humanos –como se dijo–, para analizar las libertades que a primera mano están implicadas: el derecho a la libre reunión, el derecho a la libre expresión y el derecho al libre tránsito. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo están limitadas? O bien, ¿Tienen límites tales libertades?

El derecho de reunión está consagrado en el art. 9 constitucional[2]. Pero en dicha disposición se tocan dos libertades “hermanas”: el derecho de asociarse y el derecho de reunirse. Cabe destacar que aunque, constitucionalmente hablando, su aplicación sea la misma, su contenido difiere.

En efecto, la libertad de reunión está llamada a una existencia transitoria y temporal. Es decir, es el derecho a reunirse por un tiempo relativamente corto; mientras la libertad de asociación es el derecho para permanecer en la asociación. Podríamos llamar a ésta última como el derecho a conformar una persona jurídica distinta de la de los asociados.

Por esto mismo se deriva que se considere a la libertad de reunión como un derecho intermedio entre la libertad de asociación y la libertad de expresión.

Su única limitación es la licitud: si el objeto de la reunión no es lícito, tampoco lo será ésta. Pero nace una gran dificultad, pues la licitud podría abarcar –o no– muy variadas cosas. Por ejemplo, ¿la protesta magisterial contra la reforma educativa es un objeto lícito? Por supuesto; pero, ¿qué hay de la ubicación y el tiempo de esta reunión de protesta (carretera del Sol, fin de las vacaciones de Semana Santa)?

Además, dado que se aseveró en líneas arriba la correlación entre la libertad de reunión con la libertad de expresión, ¿deberá pensarse que, si una no es lícita, la otra tampoco lo será? La hipótesis es que ‘alguien se reúne para expresar algo’. Ello nos da una idea sobre la respuesta y nos permite percibir en qué grado se implican.

La libertad de expresión, como la libertad de reunión, también tiene muchas libertades hermanas. En esta línea se ponen el derecho de acceso a la información (más relacionado con el derecho de petición), el derecho a la intimidad, el derecho de imprenta, etc. Pero lo importante es entender qué es la libre expresión “a secas”, y ver en qué grado tal libertad se encuentra limitada.

Esta libertad se entiende de la redacción del art. 6 de nuestra Ley Fundamental[3]. Es un derecho que a la vez es condición necesaria para todo régimen democrático. Tenemos el ejemplo del país vecino, en cuya Ley (1° Enmienda de la Constitución de EE.UU.) la libertad de expresión guarda un realce particular. Podríamos decir que la libertad de expresión legitima las actuaciones de la autoridad, es decir, teóricamente el verdadero debate público se hace en el debate de ideas.

La reforma educativa –supuestamente– “alcanza legitimidad” con las protestas y críticas que pululen en torno a ella. Claro está que esta crítica legitimadora utópicamente tendría que ser atendida por quien dicta la ley. Con todo y lo pulcro de la teoría, nos quedan muchas inquietudes sobre la verdadera eficacia de la libre expresión, puesto que corresponde a un modelo ideal de Estado más que a la realidad. Y en México, el modelo ideal de Estado brilla por su ausencia: de la teoría a la práctica hay todavía un buen tramo por recorrer.

Los límites a la libertad de expresión los enlista el mismo texto constitucional: la libertad de expresión se acaba cuando se ataca la moral, se vulneran derechos de tercero, se provoca un delito y se perturba el orden público. Según la descripción de la noticia referida y de los hechos que han ocurrido durante el mes, muchos de estos supuestos se actualizaron. Luego, las autoridades sí estaban facultadas para limitar esta libertad de los maestros pues perturbaban el orden público, vulneraban derechos de tercero, etc.

En último, se ve implicado el derecho al libre tránsito. Esta libertad está protegida por el art. 11 de nuestra Constitución[4]. El contenido de esta libertad no presenta ninguna dificultad, puesto que se dice que las personas son libres de transitar, entendido esto último en todas sus acepciones: libertad de entrar en la República, libertad de salir de ella, libertad de viajar por su territorio, libertad de mudar de residencia.

El problema radica, más bien, al indicar los límites de este derecho. Pues según el Derecho Internacional, cosas tan pertinentes como la tramitación de la visa o del pasaporte constituyen violaciones al derecho de tránsito. En cambio, desde un punto de vista constitucional, son las autoridades judiciales (en los casos de responsabilidad criminal o civil) y administrativas (por motivos de inmigración o de salud) quienes limitan dicha libertad.

Es desde este prisma constitucional que se esclarece que no se violó ningún derecho humano de los maestros (pues, al parecer, no se efectuaron detenciones por el simple hecho de protestar). Otro punto a tocar es el de las acciones que realizó la autoridad para garantizar el libre tránsito de los vacacionistas ¿Tiene el Estado el deber de asegurar tal libertad? ¿Tenía la policía el poder legítimo para desalojar maestros a favor de los transitantes? Aparentemente sí, pues inútil sería –en una hipótesis llevada a lo absurdo– que el Estado reconociese un así llamado derecho al tránsito, si no hay vías que transitar… Todo lo anterior nos regresa a la pregunta, ¿Cuántos derechos se violaron?


[1] Guerrero, Jesús. Actúa la PF: desbloquea. En: El Norte, Chilpancingo, 6 de Abril, 2013.
[2] Constitución Política de los EE.UU. Mexicanos, art. 9: «No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. || No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee».
[3] Constitución Política de los EE.UU. Mexicanos, art. 6: «La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado».
[4] Constitución Política de los EE.UU. Mexicanos, art. 11: «Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. || En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones».
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