Menores sobre créditos

La semana pasada, una jueza española dictó una resolución que rompe tajantemente con un conjunto de paradigmas que nuestros propios jueces mexicanos han sostenido por años: resolvió que el derecho de los menores a una vivienda digna supedita el de una empresa arrendadora a ejecutar el desalojo de una vivienda.

Los sucesos sucedieron de la siguiente forma:

Una mujer, quien actualmente es madre de tres hijos –de 12 años, 11 años y 11 meses–, se vio imposibilitada a pagar la renta de su casa el 1 de octubre de 2010, después de más de seis años de hacerlo. Le era imposible, puesto que se aumentó la suma a pagar a más de 600 euros mensuales, cuando por virtud de su trabajo en una empresa de limpieza percibe sólo 403.76 euros netos al mes.

Ante dicha situación, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, arrendadora, promovió un juicio de desahucio por impago. Esto con el fin de que el juez competente ordenara el desalojo de la vivienda, y así poder rentarla a alguien más que tuviera recursos suficientes para pagar la renta que la empresa pide.

En aras del incumplimiento de la arrendataria, la jueza sentenció a favor del desahucio, pues así lo dispone la ley; sin embargo, ordenó suspender la ejecución de dicha resolución, al remitirse a la Convención del 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, que forma parte del bloque de constitucionalidad español.

Lo anterior, pues dicha convención en conjunto con otras normas de carácter obligatorio en el marco jurídico español disponen que los poderes públicos deben garantizar el respeto de los derechos de los menores, adecuando sus actuaciones para ese efecto, así como la obligación de que cuando una autoridad detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, debe comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

En este caso, como los hijos de la mujer que incumplió con el pago de la renta viven con ella en dicho domicilio, la jueza giró oficio a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para que dentro del plazo de treinta días informen al Juzgado sobre las medidas concretas que adoptarán cuando se produzca el desahucio, cumpliendo su obligación de dar aviso a la autoridad más próxima. Respecto de la obligación de prestarle el auxilio inmediato que precise, la jueza establece que la ejecución no podrá llevarse a cabo antes de que los menores hayan finalizado el presente curso escolar y la Comunidad de Madrid les garantice una vivienda digna.

En México, el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

A su vez, el artículo 321 bis del Código Civil de Nuevo León dispone que “el acreedor alimentario, tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor alimentista y podrá demandar el aseguramiento de esos bienes, para hacerlo efectivo, considerando para esto también lo dispuesto por el artículo 165.

De la interpretación de ambas disposiciones, se deriva evidentemente un derecho preferente por parte de los acreedores alimentistas respecto del derecho de uso sobre el bien inmueble arrendado, mismo que las autoridades judiciales han de hacer valer incluso con más énfasis, pues están obligados a velar por el interés superior de la niñez, garantizando plenamente sus derechos.

Partiendo del caso español y toda vez que los alimentos comprenden “la habitación”, en términos del artículo 308 del Código Civil de Nuevo León, parecería –como lo es en el caso español– que en Nuevo León los derechos del acreedor derivados del incumplimiento de un contrato de arrendamiento se encuentran en segundo plano de acuerdo al orden de prelación preferente establecido por nuestro ordenamiento civil.

No obstante, parece olvidársele a nuestros órganos jurisdiccionales su obligación de velar por el interés superior de la niñez, pues a pesar de invocar argumentos similares en la práctica, los asuntos no son resueltos en este sentido.

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