La nueva Ley de Amparo y el interés social en materia de suspensión del acto reclamado

Después de más de un año de retraso legislativo en función al vencimiento del plazo constitucional para su expedición en octubre de 2011 y tras la votación emitida por la Cámara de Senadores el 20 de marzo de 2013[1], finalmente se promulga el día de hoy la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[2]

Esta nueva Ley se deriva directamente de la reforma constitucional de junio 6 del 2011, misma que implementa la figura de los plenos de circuito, amplía la competencia del Poder Judicial Federal para conocer sobre omisiones por parte de las autoridades, amplía la protección del quejoso requiriéndole únicamente un interés legítimo –más amplio que el interés jurídico antes exigido– para legitimarse en un juicio de amparo, permite que el amparo también pueda promoverse por violaciones a derechos humanos consagrados en tratados internacionales y en ciertos casos las declaratorias de inconstitucionalidad que haga la Suprema Corte de Justicia surtirán efectos erga omnes, beneficiando a todas las personas aunque no hubiesen interpuesto la demanda de amparo, quebrando con la fórmula Otero, un principio que hasta hace unos años parecía axiomático en el Derecho mexicano.

Además de reformar la Ley de Amparo en arreglo a lo dispuesto por la Constitución Federal, como se explica en el párrafo anterior, los legisladores decidieron hacer otras modificaciones. De entre ellas se destaca la adición de nuevos supuestos en los que se considera que se perjudica el interés social en materia de suspensión del acto reclamado.

Para que se decrete la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, cuando la misma no deba hacerse de oficio, deben concurrir dos requisitos: que el quejoso la solicite, que en caso de permitirse la ejecución del acto, sean difíciles de reparar los daños y perjuicios que se causen y que con la suspensión no se perjudique el interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Para evitar darle un margen de discrecionalidad amplísimo al juzgador respecto de los casos en que deba o no considerar que se está perjudicando el interés social al decretarse la suspensión del acto reclamado, el legislador establece en la ley una serie de supuestos que, de actualizarse, obligan al juzgador a considerar que se está perjudicando el interés social.

En la nueva Ley de Amparo se adicionan supuestos que antes no estaban previstos en este respecto, por lo que de cierta forma se limita la protección que otorga el juicio de amparo a los particulares en materia de suspensión del acto reclamado.

Enseguida se mencionan estas modificaciones que se hicieron en la materia.

  1. Se considera que perjudica el interés social que continúen funcionando los establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, por lo que no podrá decretarse una suspensión cuando de hacerlo tenga este efecto.
  2. Igualmente se impide la procedencia de la suspensión cuando de decretarse, “se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la Independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense”.
  3. En atención a la protección de los menores e incapaces, se impide la procedencia de la suspensión cuando de decretarse, “se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar un trastorno emocional o psicológico”.
  4. En materia familiar, se considera que se causa perjuicio al interés social cuando se la suspensión vaya dirigida a impedir el pago de una pensión alimenticia.
  5. Igualmente se impide que se decrete la suspensión cuando de hacerlo, se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Federal, únicamente cuando el quejoso sea parte en dicho procedimiento y no sea un tercero ajeno al mismo.
  6. Por último, la adición más polémica en esta materia es respecto de las concesiones. Se considera que causa perjuicio al interés social cuando la suspensión “impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución”.[3]

No sólo se adicionaron supuestos que restringen al órgano jurisdiccional a otorgar la suspensión a los particulares, sino que también se derogó una fracción del antiguo artículo 124 y se estableció una excepción para los supuestos que son considerados como perjudiciales para el interés social.

La fracción derogada es la “f” del artículo 124, misma que impedía la procedencia de la suspensión cuando de otorgarse se produjera un “daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas”. Esto tiene como consecuencia que, incluso cuando la suspensión tuviera este efecto, el juez podrá decretarla.

El nuevo artículo 129, que trata sobre lo expuesto en este estudio, finaliza adicionando un último párrafo en el que faculta al órgano jurisdicción de amparo a conceder excepcionalmente la suspensión, incluso cuando se trate sobre los casos previstos en dicho artículo, cuando a su juicio la negativa de la medida suspensional pudiera causar mayor afectación al interés social.

Este último párrafo le da un poco de discrecionalidad al órgano jurisdiccional para que haga un análisis casuístico de cada asunto en el que le soliciten la suspensión del acto reclamado y en base a lo que arroje su consecuente estudio, determine si al no decretar la suspensión se esté causando una mayor afectación al interés social.

Aunque en la generalidad de los casos, y atendiendo a una praxis en la que es usual el abuso de la figura de la suspensión del acto reclamado, se pudieran justificar las nuevas restricciones que se imponen sobre esta figura protectora de garantías –especialmente respecto a la que se refiere a los establecimientos de juego y apuestas– considero que podría ser perjudicial esta generalización que restringe la protección que ha venido otorgando el juicio de amparo a lo largo de sus décadas de existencia, incluso con la excepción establecida en el último párrafo.

Lo anterior, pues la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una figura toral, ya que en la mayoría de los casos, si no se evita su ejecución, el daño que se causa con el acto de autoridad que se reclama es irreparable y el perjuicio causado sobre el particular es permanente. Esto no sólo volvería inservible el juicio de amparo, sino que otorga más poder al Estado para ingerir en la esfera de los particulares. Un Estado que no está obligado a reparar los daños que con su actuar cause. Un Estado que a través de los años se ha caracterizado por el abuso de sus autoridades. Un Estado cuyo poderío en algunas ocasiones se traduce en el enriquecimiento ilícito de unos cuantos funcionarios, especialmente en materia de concesiones.

Se habla en el gremio jurídico de la posible inconstitucionalidad de estas nuevas adiciones restrictoras; sin embargo está por verse lo que en su tiempo decida la Suprema Corte al respecto.


[1] Lista de asuntos votados por la Cámara de Senadores el día veinte de marzo de 2013, disponible en línea en el sitio web del Senado de la República: <http://www.senado.gob.mx/images/doctos/votaciones/votaciones_20_marzo_2013.pdf>

[2] Texto íntegro disponible en línea en el sitio web del Senado de la República: <http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-20-1/assets/documentos/Dictamen_Ley_de_Amparo.pdf>

[3] Los bienes de dominio directo a que se refiere esta disposición están consagrados en el cuarto párrafo del artículo 27. Son los siguientes: “todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.”

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