Entorno jurídico del caso Cassez

Tras lo acontecido durante el proceso penal de la francesa Florence Cassez, los mexicanos nos quedamos con un sabor amargo sabiendo que nunca podremos saber realmente si la francesa fue o no partícipe en el secuestro y la tortura de tres nacionales.

Lo que nos interesa para el presente análisis, comienza con la detención, por parte de la extinta AFI, de Florence Cassez e Israel Vallarta –su pareja–, el 8 de diciembre de 2005, bajo la sospecha de que éste estaba involucrado en el secuestro de tres personas. La detención es mantenida en secreto para el día siguiente poder transmitir por televisión un montaje realizado por la policía en el que fingían detenerlos por primera vez  en la finca en la que los secuestrados eran retenidos.

El 25 de abril de 2008, Olga Sánchez Contreras, Jueza Quinto de Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal, dicta sentencia condenatoria por la comisión de cuatro secuestros, violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Conforme a lo anterior, se le impone una pena de prisión de 96 años, así como una multa.

El 2 de marzo de 2009, Jorge Fermín Rivera Quintana, Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, absolvió a la agraviada del delito de secuestro de una de las víctimas por considerar que no se presentó medio de prueba que pudiera establecer indiciariamente su participación; restó de eficacia probatoria el dictamen de la autoridad investigadora respecto a la posesión de cartuchos por parte de Cassez, por lo que la absolvió de dicho delito; sostuvo las demás consideraciones de la Jueza de Distrito y finalmente compurgó la pena a sesenta años de prisión, en términos del artículo 25 del Código Penal Federal.

Sucedido lo anterior, el 18 de abril de 2010 el gobierno reconoce que la operación del 9 de diciembre de 2005 fue un montaje realizado por la policía para las cámaras, ante lo cual el treinta de agosto del mismo año, la francesa válidamente demanda un amparo ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, toda vez que el acto reclamado implicaba una sanción privativa de la libertad personal, caso en el que el amparo se puede promover en cualquier tiempo, en términos del artículo 22 de la Ley de Amparo.

Ante lo previo, dicho tribunal sostuvo que los conceptos de violación aducidos por la quejosa resultaban infundados, inoperantes, fundados pero inoperantes e inatendibles, por lo cual le negó el amparo y protección de la justicia federal; situación ante la cual promovió un recurso de revisión ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 7 de marzo de 2011.

En dicho medio de impugnación combate la interpretación directa que hizo el Tribunal Colegiado respecto de ciertas garantías constitucionales, como lo es la puesta a disposición sin demora de un inculpado, mandamiento ubicado en el artículo 16 constitucional; el debido proceso y presunción de inocencia desprendido de los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales; y la violación a su derecho fundamental de asistencia consular, previsto en el artículo 20 constitucional.

Debido a la falta de consenso por parte de los ministros respecto al proyecto propuesto por Arturo Zaldívar el 21 de marzo de 2012, se returnó el asunto a la ministra Olga Sánchez Cordero.

Ante esto, el miércoles 23 de enero de este 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió por mayoría de tres votos, otorgarle un amparo liso y llano a la francesa Florence Cassez, ordenando de esta forma su inmediata y absoluta puesta en libertad. El ministro Zaldívar consideró que las gravísimas violaciones constitucionales habían resultado en un efecto corruptor de todo el proceso, pues consideró imposible diseccionar qué pruebas son o no afectadas por las violaciones a los derechos humanos de la quejosa; el ministro Ortiz consideró que la demora en la puesta a disposición ministerial aunado a la agravante del montaje indujo a las víctimas y testigos de cargo, vulnerándose los derechos fundamentales de presunción de inocencia y libertad de la francesa y finalmente la ministra Sánchez Cordero se adhirió a la postura del ministro Zaldívar, constituyendo los votos necesarios para la procedencia del amparo en los términos expuestos.

Al respecto de esta sentencia, el Ministro José Ramón Cossío consideró que no obstante hubo una evidente violación a los derechos humanos de Cassez, la afectación es estricta y rigurosamente de carácter procesal, pues el montaje únicamente contaminó cierto tipo de declaraciones, no habiendo una afectación generalizada a la presunción de inocencia, por lo que ante dicha violación procesal únicamente es posible otorgar un amparo para efectos y no hacer un análisis de legalidad que sólo le corresponde al Tribunal Colegiado, pues la Sala únicamente es competente para pronunciarse respecto de la interpretación directa que el Tribunal Colegiado respecto de diversos artículos constitucionales, ya que ésta conoció del asunto mediante el recurso de revisión promovido por la quejosa en términos de la fracción I del artículo 84 de la Ley de Amparo y no en uso de su facultad de atracción consagrada en el párrafo final de la fracción V del artículo 107 constitucional y en el artículo 182 de la Ley de Amparo, impidiendo de esta forma, ordenar su liberación, pues esto implicaría un análisis sustantivo, que la Sala no tiene competencia para realizar, del caso.

Más allá de las consideraciones que tienen los ministros que integran nuestra Suprema Corte de Justicia, es indiscutible que los responsables del montaje, así como de las demás violaciones a los derechos humanos de Cassez son los causantes de que la imputada fuese puesta en libertad sin haberse podido determinar su culpabilidad en los hechos delictivos. Respecto a su situación jurídica en particular, encontramos que podrían incurrir en responsabilidad penal por su comportamiento ilícito en los hechos anteriormente descritos. Los responsables podrían ser procesados por los delitos de “ejercicio indebido de servidor público”, “abuso de autoridad” y “desaparición forzada de personas”; cuya condena podría hacerlos acreedores a la pena máxima de sesenta años de prisión, establecida en el Código Penal Federal.

En lo particular, considero que la Procuraduría General de la República debe ser objetiva y eficaz en la determinación de la responsabilidad en la que las autoridades hayan incurrido y ejercitar la acción penal que corresponda, pues es de suma importancia asentar que los derechos humanos de las personas son inviolables y que este tipo de prácticas no serán toleradas en esta administración, para así evitar futuras situaciones de esta clase, así como transportar a la praxis el respeto por parte de las autoridades a los derechos fundamentales de los gobernados.

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