Teoría y práctica del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad

El 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la cual se le denominó como “reforma constitucional en materia de Derechos Humanos”. Las diversas modificaciones realizadas al texto de nuestra Carta Magna, en conjunto con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo –mecanismo a disposición de los gobernados para la protección y garantía de sus derechos fundamentales–, han permitido una optimización de la suministración de justicia en México.

Muestra de lo anterior fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de acordar el inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Así las cosas, las resoluciones adoptadas a partir del 4 de octubre del 2011 por dicho Máximo Tribunal –funcionando en Pleno o en Salas– y por los Tribunales Colegiados de Circuito, conforman este nuevo periodo. Cabe precisar que los diversos cambios de época han tenido lugar en un contexto de cambios sustanciales efectuados a la Constitución.

Algunas de las novedades que surgen en nuestro sistema a partir de las mencionadas reformas son el control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad, los cuales nos disponemos a explicar a continuación.

Para comprender adecuadamente la primera de estas figuras resulta menester distinguir dos modelos de control de constitucionalidad. Por una parte tenemos el sistema concentrado, el cual “centraliza el ejercicio del control de constitucionalidad en un único órgano”,[1] al cual se le denomina Tribunal Constitucional. Por la otra, nos encontramos con un modelo en el cual “se deja en manos de los jueces que integran el Poder Judicial (comunes) la tarea de interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de la supremacía constitucional”,[2]  calificado como de control difuso.

No obstante lo antes expuesto, estos modelos pueden presentar ciertas modalidades, como sería el caso del orden constitucional mexicano. En nuestro sistema, los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación ejercen dos tipos de jurisdicción: a) una ordinaria; y b) otra de control de constitucionalidad. En relación a la última de éstas, la Suprema Corte estableció hace tiempo que lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución[3]no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales”,[4] adoptándose jurisprudencialmente un sistema concentrado de control de constitucionalidad, reservando esta función a ciertos órganos específicamente.

Este criterio fue adoptado tras una larga disputa –la cual continuó a pesar de la creación de jurisprudencia–, en la que un gran número de juristas argumentaban que mediante el principio de supremacía constitucional se instituía un modelo de control difuso de constitucionalidad, en la que los jueces comunes debían resolver de conformidad con una técnica de interpretación conforme, es decir, “la interpretación de las leyes de acuerdo con la Constitución”.[5] Independientemente de esta cuestión, esta problemática se encuentra actualmente superada, tal como explicaremos más adelante.

En relación al control difuso de convencionalidad, el jurista Eduardo Ferrer Mac-Gregor explica: “consiste en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse (por toda autoridad jurisdiccional) entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.[6] Esta definición nos permite comprender a grandes rasgos esta figura, aunque consideramos que este tipo de control no debe limitarse a los instrumentos internacionales mencionados.

Ahora bien, según señalamos con antelación, la consagración del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad tiene vigencia a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Específicamente, la modificación del artículo 1º de la Constitución sirve de fundamento, siendo su texto vigente el siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Según dictaminó la Suprema Corte, esta disposición interpretada en conjunto con el artículo 133 constitucional –tomando en cuenta además el principio pro persona– lleva a concluir que, “los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior”.[7]

Es en tal sentido en que se consagra la facultad de todas las autoridades jurisdiccionales de controlar el apego de los diversos actos de las autoridades y normas generales, estando pues “obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia (derechos humanos)”.[8] Es pertinente señalar que, no obstante esta obligación, los jueces “no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados”.[9]

La trascendencia del fallo de la Corte es evidente. La decisión de dedicarle algunas líneas a este tema no deviene solamente de la actualidad del asunto –pues esta postura se adoptó hace poco menos de un año–, sino que nuestra intención es hacer un llamado a todos los juzgadores para que actúen conforme a los términos del criterio antes referenciado. También debemos reconocer a todos aquéllos jueces, pioneros en esta cuestión, que con sus resoluciones progresistas han salvaguardado efectivamente los derechos fundamentales de las personas, a través de la conservación del orden constitucional.


[1] Highton, Elena I. “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”. Disponible en línea: Bogdandy, Armin von; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; y Morales Antoniazzi, Mariela (coord.). La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia una ius cosntitucionale commune en América Latina?, T. I. México, UNAM-IIJ-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2010. ˂http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2894/10.pdf˃ (Consulta: Noviembre 19, 2012). (p. 109)

[2] Ídem. (p. 108)

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

[4] CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. Jurisprudencia. Amparo en revisión. Pleno. Tesis P./J. 74/99 (SJF: 9ª época, T X, Agosto 1999, p. 5).

[5] Fix-Zamudio, Héctor. Ensayo sobre el derecho de amparo. México, Porrúa, 2003. (pp. 956). Citado por: Sánchez Cordero de García Villegas, Olga. “El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como instrumento de interpretación constitucional de jueces de legalidad (posible aproximación a un control difuso de la constitucionalidad de carácter legítimo en México)”. Disponible en línea: Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (coord..). La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. T III. Jurisdicción y control constitucional. México, UNAM–Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional Marcial Pons, 2008. ˂http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2557/36.pdf˃ (Consulta: Noviembre 19, 2012). (p. 777)

[6] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad”. Disponible en: Carbonell, Miguel; y Salazar, Pedro (coord.). La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma. México, Porrúa, 2012. (p. 340)

[7] CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. Tesis Aislada. Varios 912/2010. Pleno. Tesis P. LXVII/2011(9a.) (SJF: 10ª época, L III, Diciembre 2011, p. 535).

[8] Loc. cit.

[9] Loc. cit.

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