Apuntes sobre el derecho de voto en la Sociedad Anónima

La Sociedad Anónima (en adelante “SA”) es una de las especies de sociedades mercantiles reguladas en el orden jurídico mexicano. En la actualidad este tipo social es el más utilizado por las empresas, pues su reglamentación ofrece ciertos beneficios que facilitan la administración y funcionamiento de las mismas.

En primer lugar, los socios de una SA –denominados por la ley como accionistas– tienen una responsabilidad limitada, esto es, están obligados exclusivamente al pago de sus aportaciones, lo cual los deslinda de cualquier obligación ulterior que contraiga la sociedad con un tercero, manteniendo a salvo su patrimonio. Por otra parte, la participación de los socios se ve reflejada en acciones, las cuales son títulos (de crédito) nominativos que representan la parte alícuota del socio con la que participa en el capital de la sociedad, caracterizándose por su aptitud de circulación (facilidad de transmisión). Estas particularidades son consideradas de gran importancia, explicándose así el porqué de la recurrente adopción de este tipo social.

Ahora bien, la constitución de una sociedad –al reconocerse como acto jurídico– genera ciertas consecuencias jurídicas, entre las que se encuentra la adquisición de ciertos derechos por parte de los accionistas. Tradicionalmente, estos derechos son clasificados en patrimoniales y corporativos –o de consecución–. Mientras aquéllos tienen un contenido pecuniario, éstos carecen del mismo, teniendo como principal propósito la participación del socio en la manifestación de voluntad de la sociedad.

Entendiendo así los derechos corporativos de los accionistas de una SA, sobresale de entre los mismos uno en específico: el derecho de voto. La trascendencia de este derecho radica en que es “la manifestación de voluntad del accionista (declaración unilateral)[1] dentro de la Asamblea de Accionistas, cuyo carácter es el del órgano supremo de la sociedad, por tener a su cargo “la decisión de los asuntos de más importancia”.[2] Estas ideas justifican la realización del presente escrito, mediante el cual pretendemos desarrollar los lineamientos generales del derecho de voto en la SA.

La SA como ente ficticio no tiene voluntad propia, siendo por tanto fundamental el derecho de voto, ya que mediante su ejercicio el accionista expresa su voluntad en el seno de la Asamblea, la cual al conjugarse con la voluntad de los demás socios hace que surja la denominada voluntad colectiva.[3] A nuestra consideración, el derecho de voto está conformado a su vez por diversos derechos, los cuales –si bien son inherentes al mismo– pueden subsistir de manera independiente. Partiremos desde esta óptica para nuestro estudio.

El derecho de voto está comprendido por: a) el derecho de asistencia a la Asamblea; b) el derecho de deliberación; y c) el derecho de voto propiamente dicho. A continuación explicaremos cada uno sucintamente. El derecho de asistencia consiste en la facultad de presentarse y escuchar los asuntos debatidos en la Asamblea. En el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en adelante “LGSM”) puede apreciarse este derecho: “El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse a toda deliberación relativa a dicha operación”.

Sobre este punto surge una problemática, ya que en la LGSM se emplean indistintamente los términos deliberación y votación, aunque lo cierto es que el primero de éstos se utiliza la mayoría de las veces como sinónimo de discusión o debate. Interpretada así la disposición transcrita, el accionista con interés contrario al de la sociedad ve limitado su derecho a ser oído en la Asamblea y, a mayoría de razón, su derecho a votar sobre el asunto de que se trate, pero conserva el derecho de asistir a la misma. A nuestro parecer, el derecho de asistencia reviste un carácter de derecho mínimo o básico del accionista, el cual no puede estar sujeto a restricción alguna.

Por su parte, el derecho de deliberación –entendido por algunos autores como el derecho de asistencia– es “la facultad de intervenir en los debates o discusiones que se promuevan sobre los distintos puntos del orden del día, o sobre cualquier otra cuestión previa o incidental que se desarrolle en la junta general de accionistas”.[4] Esta dimensión del derecho de voto puede comprenderse adecuadamente si analizamos el artículo 113 de la LGSM, donde se prevé:

Cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 182”.

En dicho precepto normativo se regulan las llamadas acciones preferentes (o de voto limitado), calificadas así porque la limitación del derecho de voto se compensa con derechos patrimoniales adicionales. En este punto se distingue el derecho de voto del derecho de deliberación, pues aunque se haya suprimido el primero de éstos, ello no significa que los socios con acciones preferentes se vean impedidos de asistir y participar activamente en la Asamblea.

Finalmente, mediante el ejercicio del derecho de voto propiamente dicho, el accionista expresa si está o no de acuerdo en adoptar la decisión que se está discutiendo en la Asamblea,  participando en la formación de la voluntad de la sociedad. Resulta obvio que el titular del derecho de voto también lo es del derecho de asistencia y deliberación. Lo antes expuesto se traduce en una cuestión de grados: a) el derecho de voto engloba el derecho de asistir y deliberar en la Asamblea; b) el derecho de argumentación o deliberación también comprende el de asistencia, siendo excluido el de voto; y, por último, c) consideramos que también puede tenerse un derecho de asistencia de modo aislado.


[1] Barrera Graf, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. 8ª re. México, Porrúa, 1989/2010.  (p. 536)

[2] Mantilla Molina, Roberto L. Derecho Mercantil. 29ª ed. México, Porrúa, 1946/1993.  (p. 401)

[3] Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. México, Porrúa, 1980. (p. 107)

[4] Pedreschi, Jorge Luis. Asistencia a la Junta General de Accionistas. Revista “El Peruano” del 4 de marzo de 1994. Citado por: Ramos Padilla, César Eusebio. Derechos corporativos individuales del accionista y el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Lima, UNMSM. Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Escuela de Post-Grado, 2004.

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