Análisis expositivo de la reforma laboral vol. 3

El enfoque de este tercer texto que analiza el proyecto de reforma laboral aprobado es el estudio de la modificación al proceso de reinstalación del trabajador. Enseguida se expone:

 

Reinstalación del trabajador

El artículo 48 de la LFT prevé el supuesto en el que un trabajador es despedido de manera injustificada, y establece las consecuencias que esto implica para el patrón.

Actualmente se dispone que cuando el patrón de causa a la rescisión de la relación de trabajo, en términos del artículo 51 del mismo ordenamiento, el trabajador podrá solicitar la reinstalación en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario; en ambos casos tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta la fecha en que se realice el pago, o la reinstalación en su caso, en virtud del laudo emitido por la Junta.

La modificación establecida en el proyecto de reforma respecto del artículo 48 de la LFT, que pareciera propender a la eficiencia procesal de las partes, se divide en dos rubros: el cómputo de los salarios vencidos y la sanción dirigida a las acciones notoriamente improcedentes que tengan la finalidad de dilatar el juicio laboral.

Respecto a los salarios vencidos:

–          Limita el término para el cómputo de los salarios vencidos, ya sea a un máximo de doce meses o cuando el trabajador muera, lo que primero suceda.

–          Si al término de los doce meses de límite respecto a los salarios vencidos, no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, el patrón deberá pagarle también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago.

Respecto a las acciones tendientes a dilatar el juicio:

–          Se prevé la imposición de una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral.

–          Si dicha dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, se les sancionará suspendiéndolos hasta por noventa días sin pago de salario; en caso de reincidencia, serán destituidos de su cargo y además se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.

Gran parte de los procesos contenciosos llevados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son ineficientes y en muchas ocasiones se abusa de esta situación permitida por una legislación insuficiente. Es común que en los juicios laborales, las partes recurran a prácticas como la dilación procesal para satisfacer distintos propósitos. Esta reforma va dirigida a combatir las prácticas tendientes a retrasar el proceso que pudiesen realizar los trabajadores con el propósito de generar un mayor número de salarios vencidos que habrían de recibir al obtener un resultado favorable en el juicio.

Como ya fue expuesto anteriormente, se propone que únicamente se puedan generar salarios vencidos a un plazo máximo de un año, para así evitar que los trabajadores dilaten el proceso a propósito y resultar así en la generación del mayor número de salarios vencidos posibles.

Es de nuestra consideración que lo dispuesto en el proyecto de reforma en este rubro, además de constituir un perjuicio grave al trabajador, no cumple el propósito de agilizar los procedimientos en la Junta y parte de la errónea generalización de que la ineficiencia en los juicios laborales recae únicamente en los trabajadores.

            Lo previo, pues limitar la generación de los salarios vencidos a un año no hará más eficiente los procesos, sino que simplemente le es impuesta la carga de su ineficiencia a los trabajadores.

            Esta modificación, lejos de resolver la problemática, abre otra, pues ahora el sector patronal podrá dilatar los procedimientos sin mayor perjuicio que la generación de 2% de interés mensual capitalizable al momento de pago, pues pasado el año de la separación del trabajador, se dejarán de generar salarios vencidos. Esto sólo permite al sector patronal beneficiarse más fácilmente cuando recurra a prácticas dilatorias.

            Por otro lado, lo propuesto en el proyecto respecto de la imposición de multas a las partes que presenten promociones notoriamente improcedentes con el fin de dilatar el juicio, es insuficiente para evitar que dicha dilación se procure, puesto que su carácter de “notoria improcedencia” queda al criterio de la Junta y sin mayor bases objetivas para determinar el fin de dilación de las actuaciones notoriamente improcedentes, será difícil su válida aplicación.

            El proyecto debió haberse formulado partiendo de la premisa en que la Junta es ineficiente de manera sistemática y no sobre la base de que las partes del proceso generan dicha ineficiencia. Consideramos que la discusión dirigida a la real aplicación de términos procesales, la modificación a la composición de la Junta e incluso su incorporación al Poder Judicial son algunos de los temas que debieron discutirse en lo respectivo a la agilización y eficiencia de los juicios de carácter laboral.

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