Un problema en el régimen jurídico del reconocimiento de paternidad en Nuevo León

El Código Civil para el Estado de Nuevo León vigente puede concebirse como uno de los ordenamientos más rezagados de la materia en la República. Específicamente en el ámbito del Derecho Familiar, es posible contrastar dicha ley con sus similares de los estados de Coahuila y San Luis Potosí, donde se regulan temas de suma actualidad como la filiación por fecundación humana asistida, entre otros.

No obstante, también debemos hacer referencia a algunas de las reformas más recientes de este ordenamiento, mediante las cuales se busca facilitar la acreditación de la paternidad a través de la prueba de ADN. Estas modificaciones han sido de gran relevancia pues tienen por fin último la efectiva regulación de los derechos y obligaciones derivados de la paternidad y de la filiación,  principal fuente de la familia.

A pesar de estos esfuerzos, la reglamentación de estas figuras en nuestra entidad federativa nos parece insuficiente, pues estimamos que no se apega estrictamente a la protección del principio del interés superior del niño, consagrado en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. De conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), este principio está dirigido a que el desarrollo del menor y “el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño“.[1]

En seguida expondremos el fundamento de nuestra afirmación. En el Código Civil, para efectos de la filiación, se establece una división bipartita de los hijos entre: a) aquellos nacidos de matrimonio; y b) los nacidos fuera del mismo. En relación de los primeros, en la ley se instauró un sistema que hace realmente complejo el reconocimiento de paternidad por una persona distinta del marido.

En primer lugar, el artículo 326 impide al marido desconocer al hijo salvo que: a) el nacimiento le haya sido ocultado; b) mediando una separación de los cónyuges, la mujer viva maritalmente con otro y éste reconozca al menor; o c) se pruebe que no hubo acceso carnal durante los diez meses previos al nacimiento o que existen razones que imposibiliten la concepción. En tanto, en el artículo 64 se establecen las reglas que debe observar el Oficial del Registro Civil al registrar a un hijo que nazca de mujer casada, pudiendo asentar como padre a persona distinta del marido cuando: a) viviendo con su marido éste lo ha desconocido y exista sentencia ejecutoria en tal sentido; o b) se manifiesta que antecede una separación de trescientos días entre los cónyuges, reconociendo el padre bilógico al hijo, siempre que medie consentimiento de la madre. Sin embargo, se reserva el derecho al marido de reclamar judicialmente la paternidad.

Otra disposición normativa importante es el artículo 345, que dispone en su segundo párrafo: “Mientras que el marido viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo concebido durante el matrimonio”. Por su parte, el artículo 374 circunscribe la posibilidad de que un hombre distinto del marido reconozca al hijo nacido de matrimonio a los supuestos del artículo 64 ya comentados.

En suma, se limita al padre biológico distinto del marido su derecho al reconocimiento de su hijo. A nuestro entender, los legisladores señalarían que esta normativa encuentra justificación en la protección y conservación del matrimonio. Desafortunadamente, se pierde vista que los derechos del padre no son los únicos afectados con estas medidas, sino, sobre todo, los del menor.

Es posible apoyarnos en algunos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre los que encontramos los siguientes:

Artículo 3

(…)

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Artículo 9

(…)

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.

De los preceptos citados se desprende que los niños tienen el derecho a la preservación de su identidad, siendo uno de los elementos de la misma sus relaciones familiares. Asimismo, los padres no son los únicos que tienen el derecho de convivir y participar activamente en la vida de sus hijos, siendo a su vez una prerrogativa para los infantes. Entonces, se le estaría despojando al menor de estos derechos al impedirse que su verdadero padre reclame el reconocimiento de paternidad.

Así las cosas, la SCJN ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 345 de nuestro Código Civil,  atendiendo a una interpretación conforme con la Constitución y con el principio superior del niño, en los siguientes términos:

“Los artículos 430 y 345 de los Códigos Civiles de Guanajuato y Nuevo León, respectivamente, en cuanto obstaculizan la posibilidad de que un varón distinto del marido cuestione la paternidad del menor nacido durante el matrimonio de la madre con el cónyuge que lo reconoció como hijo, carecen de racionalidad constitucionalmente válida; por tanto, de una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, dicha prohibición debe ceder en beneficio de los derechos humanos reconocidos, especialmente el que tutela el acceso a la administración de justicia, con el fin de establecer que dicho tercero sí cuenta con el derecho de ejercer la acción correspondiente; sin embargo, la admisión de la instancia dependerá, en cada caso, del ejercicio de ponderación que habrá de realizar el juzgador, tomando en cuenta todos los factores que convergen en el caso, como lo son la integralidad de la familia donde se ha desenvuelto el menor, la situación general que éste guarda, así como el estado en que se encuentra la relación matrimonial y especialmente de cada consorte con respecto al menor, así como el derecho a la identidad, entre otros aspectos importantes. Lo anterior, a través de los medios de convicción suficientes que allegue el demandante o los que de oficio obtenga el juez, para determinar si el pretendido ejercicio del derecho mencionado armoniza todos los derechos inherentes con el derivado principalmente del interés superior del menor, para que en caso de que se estime propicio se admita la demanda y pueda incoarse el proceso, en donde todos los involucrados tendrán iguales oportunidades de ser oídos como establece la ley”.[2]

En conclusión, la SCJN determinó que es inconstitucional prohibir en principio la solicitud de reconocimiento de paternidad cuando se trate de persona diversa del marido. Es necesario analizar casuísticamente esta cuestión, ponderando el derecho del padre con el interés superior del niño –además de los otros criterios objetivos señalados–, de modo que el juzgador determine cuál es la solución más adecuada en cada caso particular.

Habrá que observar con detenimiento la aplicación que los juzgadores nuevoleoneses hagan del criterio de la SCJN, pues pudieran llegar a deformarla. Esto ha sido resaltado por la jurista Geraldina González de la Vega, a quien preocupa el que el interés superior del niño sea “un concepto abierto e indeterminado que permite su uso para justificar decisiones discrecionales no justificadas”.[3]


[1] INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. Tesis aislada. Primera Sala. Amparo directo en revisión. Tesis 1a. CXLI/2007 (SJF: 9ª época, T XXVI, Julio 2007, p. 165).

[2] PATERNIDAD. EL VARÓN DISTINTO DEL MARIDO ESTÁ LEGITIMADO PARA CUESTIONAR LA DEL HIJO NACIDO EN EL MATRIMONIO DE LA MADRE CON AQUÉL, PERO LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEPENDERÁ DE LA PONDERACIÓN QUE HAGA EL JUZGADOR PARA DETERMINAR QUE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ARMONIZA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR CON LOS DEMÁS DERECHOS INHERENTES (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y DE NUEVO LEÓN). Jurisprudencia. Primera Sala. Contradicción de tesis. Tesis 1a./J. 15/2012 (SJF: 10ª época, L X, Julio 2012, p. 705).

[3] González de la Vega, Geraldina. “El interés superior del niño y la orientación sexual. Dos casos y una propuesta”. Disponible en: Derecho en Libertad. Año 3, No. 6, enero-junio, 2011. Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. (p. 82)

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Un comentario el “Un problema en el régimen jurídico del reconocimiento de paternidad en Nuevo León

  1. Considero que el 64 en relación con el 345 solucionan adecuadamente el supuesto.
    En caso de duda sobre quien es el padre biologico , el 325 permite todo medio de prueba, por lo que el tercero podría proponer la prueba del ADN.
    No estoy convencido de que la frase ”carece de racionalidad constitucionalmente valida”,significa que el 345 es inconstitucional. Tampoco estoy seguro de que la Corte se haya pronunciado sobre el 345 vigente (reformado en el 2009). Lo que no tengo duda es sobre los derechos de los menores a conocer sus orígenes y a convivir con sus parientes consanguíneos.

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