Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

El pasado 12 de Junio, del presente año, entró en vigor la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, propuesta por el Presidente de la República desde marzo del año pasado, buscando sancionar actuaciones corruptas tanto por las autoridades como a cualquier persona involucrada.

Son sujetos de la ley todo mexicano o extranjero, persona física o moral, que ofrezca o de, directamente o a través de terceros, un soborno a un servidor público, mexicano o extranjero, para obtener algún beneficio en contrataciones públicas. Entre otros señalados en la ley:

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley:

I. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que participen en las contrataciones públicas de carácter federal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos;

II. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta o en interés de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales en los términos previstos en la presente Ley, y

IV. Los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas de carácter federal, quienes estarán sujetos a responsabilidad en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del texto de la Ley se deprende que su aplicación es en casos de contrataciones públicas federales y transacciones internacionales, cumpliendo con lo dispuesto en diversos tratados internacionales de la materia, adoptados por México, como: La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos[1], la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos[2] y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción[3] y demás.

El procedimiento para perseguir estas violaciones es biinstancial, al existir primero un procedimiento inicial de investigación en el que se recaba la información necesaria para resolver sobre la existencia de la responsabilidad y posteriormente un procedimiento administrativo sancionador en el que se señala la sanción de acuerdo a la actuación, el beneficio, la reincidencia, entre otros aspectos.

En la ley se presentan sanciones pecuniarias que van de mil a 50 mil veces el salario mínimo para personas físicas y; de 10 mil hasta 2 millones de veces el salario mínimo para personas morales, pudiendo en ambos casos ser mayor el monto si el beneficio obtenido fue mayor al monto máximo señalado de multa o si el contrato versaba sobre un monto mayor. Además de la parte pecuniaria de la sanción, se señala la inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas de carácter federal, que puede imponerse de 3 meses hasta 10 años[4].

Como un incentivo para lograr una cultura anti-corrupción, se da la posibilidad de que el infractor confiese su responsabilidad, pudiendo bajar su sanción con una reducción de hasta un 60%, cumpliendo con ciertos requisitos.

Si bien el ejecutivo federal señala que no se generaran actos de corrupción equivalentes en este medio, no se estima su ausencia total, toda vez que la prueba de la existencia de actos corruptos implicará no solo elementos de las transacciones económicas, sino el “dicho” de una persona o autoridad cuando solo existió el diálogo entre los involucrados.

Como fue señalado anteriormente, la ley solo aplica en contrataciones federales, por lo que será necesario que los estados homologuen la normatividad de la materia para que no exista opacidad entre niveles.

Aunque en la promulgación de la Ley, se señaló que esta sienta un avance en la depuración de la corrupción en el gobierno, no está existiendo tal avance en la sanción a autoridades, ya que si bien en un inicio se señala que son sujetos de la ley, la misma te remite a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos[5] donde se señalan las obligaciones de las autoridad; además de que en el Código Penal Federal ya se encontraba regulado el cohecho[6], tipo penal que engloba la actuación en cuestión.

Cabe destacar que se suprime la posibilidad de decretarse suspensión en juicio contencioso administrativo en contra de la resolución obtenida del procedimiento administrativo sancionador, pudiendo ocasionar daños al particular al no poder participar en futuras licitaciones en tanto no obtenga resolución favorable sobre su responsabilidad.


[1] Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en línea: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html>

[2] Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Disponible en línea: <http://www.oecd.org/investment/briberyininternationalbusiness/anti-briberyconvention/47079135.pdf >

[3] Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible en línea: <http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf >

[4] La inhabilitación de hasta 10 años aplica para personas morales; para personas físicas la inhabilitación puede ascender hasta 8 años.

[5] Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Disponible en línea: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf&gt;

[6] Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

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